El BNG dice que legalizar Barreiros implica responsabilidad

El BNG tomó ayer la palabra al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid se mostró partidario de que la mala gestión política, y las facturas en el cajón, conlleven responsabilidades incluso penales para quien las promueva. La declaración del presidente no es nueva, a menudo defiende esta tesis para referirse a los anticipos a cuenta que el bipartito recibió del Gobierno central y que ahora debe devolver. En total, 2.600 millones de euros, que la Xunta ingresó en 2008 y 2009 de acuerdo con una previsión de ingresos que no se cumplió cuando estalló la crisis y que ahora lastran el presupuesto del Ejecutivo de Feijóo.

Cuando alude a la deuda que dejan las administraciones, el presidente suele obviar que su conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, dejará a deber 1.400 millones por el hospital de Vigo que pagarán los próximos cuatro gobiernos. Igual que otros 19 centros de salud, el futuro hospital de Pontevedra, cuyo coste no se ha explicitado y la autovía de Carballo a Berdoias, que sumará 800 millones de euros para los futuros gestores de la Xunta. Preguntado por las declaraciones del presidente gallego, el portavoz Carlos Aymerich, dudó antes de responder. Y luego se arrancó: "Creo que quien mete 14 millones de euros públicos en legalizar obras ilegales en Barreiros, alguna responsabilidad debe tener".

"Croissant y consejos"

"Estoy absolutamente de acuerdo con él", ironizó Aymerich, quien recomendó a Feijóo "mirar para su casa". "El presidente es experto en viajar y soltar un titular entre café y croissant en desayunos informativos, pero los consejos hay que aplicarlos en casa y luego darlos fuera", siguió acusando el diputado nacionalista, quien reclamó al presidente que explique "si invertir 14 millones de euros en legalizar obras ilegales" entra dentro de esos supuestos penales.

El convenio al que aludió Aymerich lo firmaron la Consellería de Medio Ambiente, la Diputación de Lugo, que preside el socialita José Ramón Gómez Besteiro, y el Ayuntamiento de Barreiros. Supone legalizar con 14 millones de euros de fondos públicos, que aportan las distintas administraciones, urbanizaciones que cuentan con sentencia firme que las declara ilegales. La intención de la Xunta es dotarlas de los servicios de los que carecían cuando se le concedieron las licencias. Los jueces ya han dicho que es un paso intrascendente que no varía su situación legal.