Islandia busca en el euro un escudo frente a nuevas crisis financieras

Mientras los mercados siguen especulando con la salida de Grecia del euro e incluso cuestionan la viabilidad de la moneda única, los islandeses ven en ella una posible tabla de salvación tras el naufragio de su economía hace ahora tres años, del que empiezan a recuperarse, aunque aún con el agua al cuello.

Los 320.000 habitantes del país más septentrional de Europa estaban orgullosos de contar con su propia moneda. Un lujo que ningún otro Estado equivalente (su población es similar a la de Valladolid) se puede permitir. Pero el alto coste de este privilegio pasó factura en el otoño de 2008, cuando la burbuja alimentada por años de desregulación financiera estalló provocando la quiebra de todo su sistema bancario. La corona islandesa se depreció en un 44%, la inflación se desbocó y el paro rozó cotas del 10%, desconocidas por esos lares. Las hipotecas, indexadas a la inflación o directamente en moneda extranjera, se encarecieron espectacularmente mientras se hundía el valor de las viviendas y miles de pleitos por desahucio se amontonan en los tribunales.

El Gobierno no tiene fácil ganar el referéndum de entrada en 2013

Agricultores y pescadores rechazan de plano la entrada en la UE

Una docena de empresas familiares se reparten las cuotas pesqueras

La disputa por la deuda con Londres y Ámsterdam puede frustrar la adhesión

La entrada en el euro -con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio- es la razón que llevó al Gobierno de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardottir a pedir el ingreso en la Unión Europea en julio de 2009. En algunos aspectos, Islandia ya está más integrada en la UE que socios como Reino Unido: forma parte del Espacio Económico Europeo, lo que le ha obligado a abolir buena parte de sus barreras comerciales; es miembro del Tratado de Schengen, por lo que sus ciudadanos pueden viajar por el continente sin pasaporte; y participa en numerosos programas europeos, incluidos los de intercambio de estudiantes. Pero es la entrada en la eurozona el principal argumento que esgrimen los defensores de la adhesión a la Unión Europea.

En teoría, las conversaciones para entrar en la UE no deberían alargarse. Según el jefe de la delegación islandesa, Stefán Haukur Jóhannsson, 21 de los 33 capítulos de los que consta la negociación pueden convalidarse, ya que Reikiavik traspone cada año decenas de directivas europeas a su legislación interna. Y, sin embargo, los socialdemócratas no tienen fácil ganar el referéndum que, según las actuales previsiones, debería celebrarse en 2013, al final de la legislatura.

De los cuatro grandes partidos islandeses, tres están en contra del ingreso; incluidos los verdes de izquierdas, socios minoritarios del Gobierno, y el Partido de la Independencia, principal de la oposición, que gobernó el país entre 1991 y 2009.

Los sondeos reflejan un fuerte recelo de la población hacia la UE, aunque el Gobierno se consuela subrayando que la mayoría de los encuestados prefieren esperar a ver el resultado de la negociación antes de pronunciarse. La adhesión cuenta con dos aliados clave: los sindicatos, a los que están afiliados el 80% de los trabajadores, y la Federación de Industrias Islandesas. La patronal es muy crítica con la primera ministra, a la que acusa de bloquear las inversiones con el férreo control sobre los movimientos de capitales fijado tras el colapso financiero, una especie de corralito ártico. Aun así, las principales industrias -incluido el poderoso sector del aluminio- apoyan la entrada en la UE, ya que el 80% de sus exportaciones se dirigen al mercado europeo.

El frente del rechazo lo encabezan agricultores y pescadores. La mayor asociación agrícola se opone a la adhesión, temerosa de una invasión de verduras y frutas europeas y de terceros países con los que la UE tiene acuerdos, aunque reconoce que al sector hortofrutícola no le han perjudicado las sucesivas reducciones de aranceles de los últimos años. Las grandes plantaciones islandesas están a un centenar de kilómetros de Reikiavik, donde viven dos tercios de la población, mientras que los productos importados deben recorrer miles de kilómetros en barco o avión para llegar a los mercados.

Quienes con más firmeza rechazan cualquier cambio son los dirigentes del sector pesquero, que supone el 40% de las exportaciones. Tras extender su control a las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y ganar a Reino Unido la llamada "guerra del bacalao", Islandia explota en solitario uno de los bancos pesqueros más ricos del Atlántico. Cada año, el Ministerio de Pesca fija y distribuye las cuotas de capturas entre una docena de empresas. Ningún extranjero puede acceder a estas cuotas ni tampoco poseer más del 25% de una empresa pesquera islandesa. Las autoridades aseguran que su objetivo es garantizar la sostenibilidad de los caladeros, pero este proteccionismo beneficia sobre todo a un puñado de grandes familias islandesas, que se reparten el bacalao, entre otras especies.

El acuerdo al que se llegue en materia de pesca será decisivo para el referéndum, según todos los expertos, pues este sector se ha convertido en bandera de la soberanía e independencia del país, aunque solo emplea al 6% de la mano de obra.

Los partidarios de entrar en la UE intentan demostrar que el balance de costes y beneficios arrojaría un saldo positivo, pero sus oponentes son mucho más hábiles a la hora de ganarse el corazón de los islandeses. Páll Vilhjálmsson, líder de una ONG contraria al ingreso, ensalza el "espléndido aislamiento" del país en las últimas décadas y compara la transferencia de competencias a Bruselas, con los seis siglos de dominación noruega y luego danesa.

El responsable del FMI para Islandia, Franek J. Rozwadowski, sostiene que la aplicación del plan de ajuste -en el que la organización multilateral ha comprometido 3.200 millones de euros- "ha sido un éxito", al haber contenido la inflación y estabilizado el tipo de cambio. Gracias a ello, empieza a repuntar el crecimiento, que se prevé del 2,2% este año. Pero, pese a las subidas de impuestos y recortes sociales, aún no se ha completado el ajuste fiscal, que debería dejar el déficit en el 2,5% este año, desde el 9,3% de 2009.

El ministro de Finanzas, el rojiverde Steingrimur J. Sigfússon, sostiene que la quiebra de los bancos ha costado a Islandia el 20% de su PIB y una deuda que ronda el 100%. Pero aún podría ser peor si Reino Unido y Holanda ganan el pleito para recuperar los 3.600 millones de euros que sus ciudadanos tenían en Icesave, la filial del nacionalizado Landbanski. Los islandeses han rechazado por dos veces en referéndum, la última en abril, los acuerdos para saldar esta deuda, a pesar de que Londres y Ámsterdam aceptaron reducir el tipo de interés y alargar los plazos de devolución. "Los ciudadanos no tienen por qué pagar la codicia desenfrenada de los banqueros", sostiene el presidente del país, Ólafur Ragnar Grínsom, haciéndose eco de la opinión de la mayoría de sus compatriotas.

En un gesto sin precedentes, el Parlamento islandés ha decidido sentar en el banquillo al ex primer ministro Geir Haarde, que se enfrenta a una pena de dos años de cárcel por negligencia. Haarde no solo dirigió el Gobierno entre 2006 y 2009, sino que antes fue ministro de Hacienda y Asuntos Exteriores, por lo que no podía ignorar, según sus acusadores, el temerario crecimiento del sistema bancario, cuyo balance superó en más de 10 veces el PIB del país.

No parece, sin embargo, que la revolución islandesa, que ha llevado ante los tribunales a políticos y banqueros, vaya a conmover a británicos y holandeses que, si ejercen su derecho de veto, podrían frustrar in extremis la entrada de Islandia en la UE.