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COLUMNA

Las listas del 20-N

Una vez disuelto el Parlamento, la confección de las candidaturas para el 20-N anima el comienzo de la campaña electoral. El número de escaños al alcance de los partidos en cada circunscripción (según las predicciones de los sondeos) divide drásticamente a los candidatos por el lugar que ocupan en las listas cerradas y bloqueadas: los privilegiados, con un puesto de salida prácticamente seguro, y los desahuciados, simple material de relleno en la papeleta. Los dos grandes partidos son el principal escenario de las pugnas libradas por los aspirantes para no ser excluidos ni preteridos en las listas. La profesionalización política de los dirigentes de los partidos a través de la ocupación de cargos públicos electos relaciona ese desigual destino con la lucha por el empleo.

Las malas perspectivas electorales del PSOE influyen sobre el proceso de selección de sus candidatos

En esta convocatoria, el PP parece libre de preocupaciones, ya que los sondeos le auguran un trozo creciente de la tarta a repartir en las Cámaras. La conquista el 22-M de nuevos ayuntamientos y autonomías le proporcionó ya un amplio margen para recompensar a su séquito. Y su probable victoria el 20-N le concederá abundantes cargos de libre designación en la Administración central para acallar eventuales descontentos.

En cambio, el PSOE teme una seria reducción de sus diputados y senadores. Recién salido del grave descalabro municipal y autonómico de hace cinco meses, la demanda de los presidentes y alcaldes derrotados aumenta la presión para repartir los menguantes escaños en el Parlamento. La conveniencia de garantizar la presencia de veteranos y expertos a fin de contar con sus conocimientos en el grupo parlamentario condiciona también la selección de víctimas del forzado ERE.

Los méritos burocrático-partidistas para disponer de un puesto de salida en las listas pueden colisionar con las exigencias renovadoras de lobbies de género, territoriales, generacionales o ideológicos. La teoría clásica de la representación política del diputado como mandatario de toda la nación, presente todavía en la Constitución de 1978 a través de preceptos como la interdicción del mandato imperativo de los parlamentarios, está siendo carcomida por otras concepciones representativas de distinta naturaleza.

No se trata solo de que la representación partidista sea la clave de arco de un Estado de partidos. La representación de género tiene ya estatus legal tras la reforma del régimen electoral introducida en 2007 por la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, que fija un mínimo del 40% para cada sexo en las listas electorales. La representación sectorial de las generaciones, las religiones, los territorios y las profesiones gana también fuerza en la designación de los candidatos. Pero si esa tendencia fuese llevada hasta el último extremo, la representación política sobre la que descansa la democracia quedaría sustituida por una representación sociológica merecedora más bien de figurar en una oferta de hipermercado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de octubre de 2011