Mercedes penitenciarias

La privación de libertad es la agresión más directa que el Estado ejerce sobre el ciudadano, como sujeto de derechos y como persona individual; para ofrecer una oportunidad a la dignidad humana, el legislador ordenó (artículo 25.2 de la Constitución) que las penas privativas de libertad estuviesen orientadas a procurar la reeducación y reinserción social de los condenados.

¿Cómo se cumple este mandato constitucional? Con ayuda divina -celebramos Nuestra Señora de la Merced, enviamos internos al Camino de Santiago, al Rocío, a la Semana Santa incluso a la JMJ-, es decir, de forma errática, sin política penitenciaria definida, con una Administración obsoleta que, regida por dos Reglamentos (de 1981 y de 1996), utiliza para organizarse innumerables instrucciones, circulares, órdenes de dirección y otras disposiciones, que inciden directamente en la situación de los internos, sin que quepa impugnación alguna por su parte.

El Tribunal Supremo ya condenó en marzo de 2009 alguno de los abusos a que ha dado lugar tan amplio margen de discrecionalidad administrativa.

La respuesta política ha sido reformar (BOE 26/3/2011) el Reglamento de 1996 para dar categoría de real decreto y blindar, precisamente, aquellas disposiciones administrativas que había cuestionado la Sala; también se revisten de aparente legalidad los "grupos especializados de funcionarios" que venían actuando, desde el año 2008, en labores de "información y control" parapolicial no formal, constituyendo una cárcel dentro de la cárcel. Han sacado al servicio público penitenciario de la normalidad administrativa, ahora caben todo tipo de medidas excepcionales para el control absoluto de la conducta de estas personas que, no lo olvidemos, ya están privadas de libertad.

Es una normativa de dudoso encaje en el espíritu de la Ley Penitenciaria, y que resulta aberrante al negar a los internos cualquier resquicio de intimidad y de autonomía personal.