El ajuste está a mitad de camino

Elaborar los presupuestos del año que viene será un verdadero de quebradero cabeza con el que pocos quieren cargar. El PP y el Gobierno socialista huyen hasta de decretar la prórroga, obligatoria si no se aprueban unas nuevas cuentas. El principal partido de la oposición ha exigido esta semana al Ejecutivo que lo haga. El Gobierno se ha negado. Con la economía casi estancada, los mercados apretando y Bruselas (léase Berlín) exigiendo la reducción drástica del déficit, hacer números para cuadrar los presupuestos supone tomar decisiones dolorosas. La prórroga sin matices de los de 2011 ya traería algunas: otra congelación, la segunda consecutiva del salario de los funcionarios y de las pensiones contributivas. Y eso teniendo en cuenta que las cifras de este año prevén un déficit del 6% y no el 4,4% al que ha comprometido España con sus socios europeos para 2012.

El PP ha exigido que se prorroguen las cuentas de este año para 2012

Los expertos coinciden en que habrá que subir los impuestos

El 12 de mayo de 2010 Zapatero inauguró la senda de una reducción del déficit sin precedentes, del 11,2% de 2009 al 3% en 2013. Ha llegado la mitad del camino. Los números rojos se han reducido significativamente. Al acabar el año el déficit se habrá recortado en unos cinco puntos, según la mayoría de pronósticos. Pero el esfuerzo hecho hasta ahora puede truncarse. La mala evolución de los ingresos, el frenazo de la recuperación económica, el aumento de los intereses a pagar por una deuda cada vez más grande (se ha duplicado en cuatro años hasta llegar al 65% en diciembre) y el quebranto de las cuentas autonómicas complican mucho cumplir, incluso en 2011, el Programa de Estabilidad que el Gobierno presentó en marzo pasado en Bruselas. Así que el horizonte se presenta sombrío, con nuevas medidas de recorte de gastos y aumento de impuestos para calmar a unos mercados que un día lo exigen y al siguiente se asustan porque lastra el crecimiento.

"Es esencialmente imposible que se cumpla. Se basa en unas premisas poco realistas", sentencia Ignacio Zubiri. Cuando el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco habla de poco realismo, se refiere sobre todo a las previsiones de crecimiento del Programa, que fija un crecimiento para este año del 1,3% y para el que viene, del 2,3%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) esta misma semana lo ha rebajado al 0,8% (el mismo que el peor escenario previsto por el Ejecutivo en el Programa) en 2011 y al 1,1% en 2012. "En los parámetros en que está redactado es difícil que se cumpla", ahonda Miguel Ángel García, jefe del Servicio de Estudios de CC OO.

Los cálculos del FMI le llevan a pensar que el incumplimiento llegará, por poco, ya este año. Prevé que el déficit se alcanzará el 6,1%. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), la eleva al 6,8%. Y según su director del panel de coyuntura, Ángel Laborda, esta cifra es muy optimista. Teme que el déficit autonómico vaya mucho más allá del 1,3% planeado para todo el año (hasta junio ya llegaba al 1,2%). Y este año la Administración central está quedándose sin margen para compensar.

Esta desviación todavía hace más difícil llegar la verdadera meta del plan de consolidación fiscal. La que le importa a Bruselas, que fija que en 2013 todas las administraciones españolas en conjunto tendrán que gastar solo un 3% del PIB más de lo que ingresen.

Desde marzo hasta ahora, las cosas han cambiado mucho. La crisis ha dado un nuevo latigazo. Las tormentas veraniegas de los mercados y los persistentes niveles de paro han puesto palos en las ruedas y amenazan con convertir la recuperación en otra recesión. Y ya se sabe, si no hay actividad económica, los impuestos recaudan menos. La Agencia Tributaria ya comienza a notarlo. Para este año, se calculaba que los ingresos de la Administración central crecerían un 6,2%. Hasta julio, apenas habían subido un 1%. Tampoco los ingresos de la Seguridad Social siguen la senda planeada. Y en ellas se confiaba para compensar las desviaciones de las Comunidades autónomas y de los ayuntamientos, como ya sucedió el año pasado.

"La política fiscal no es la única solución. La clave esencial es que se crezca", apunta Nuria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, "es la solución para que suban los ingresos. El problema son las expectativas que tenemos". Y esas se han ensombrecido en el verano. La previsión del FMI es incluso superior en una décima a la de Funcas para 2011 y 2012, y casi coincide con las del servicio de estudios del BBVA.

Visto este panorama, la atención de los expertos se dirige a las cuentas públicas para encontrar una solución. Y ahí hay coincidencia: hay que subir impuestos. El programa de consolidación fiscal está centrado básicamente en lado de los recortes. Y así se ha hecho: recorte de salario de funcionario, congelación de pensiones, eliminación del cheque bebé... Si se observan los datos nominales (los que no descuentan el efecto de la inflación) se ve que de los más de ocho puntos de déficit que el Ejecutivo espera recortar, 5,3 recaen en el lado del gasto.

Pero a mitad de camino, empiezan a surgir grandes piedras en el camino que interrumpen la marcha. Hacen falta nuevas medidas para continuar andando. "Con efectos mayores que las de mayo de 2010", pide Laborda. El ahorro, hasta el momento, ha caído principalmente del lado de la Administración central. Su austeridad ha compensado los desajustes de las autonomías. Ahora es su turno.

Precisamente en ellas, y en la marca de los ingresos de la Seguridad Social ve Luis de Guindos, antiguo secretario de Economía con el PP, uno de los primeros riesgos para cumplir con el Programa.

Comunidades como Madrid y Cataluña ya han dirigido la tijera hacia las partidas del gasto autonómico más abultadas: Educación y Sanidad, que copan más del 60% del gasto de estas administraciones. "No tocar esos gastos es imposible", analiza Bosch.

No obstante, no parece que iniciativas como el ajuste catalán del 10% de su presupuesto este año, vaya a ser suficiente para cumplir con los objetivos marcados. La misma Generalitat admite que no bastará para alcanzar el 1,3% de déficit que tiene asignado para este año. "Es un ajuste brutal", admite Albert Carreras, secretario de Economía y Finanzas catalán, que calcula que llegar al objetivo marcado por el Gobierno central supondría un recorte de 5.400 millones sobre un presupuesto total de 27.000. Y anticipa que el año que viene el Ejecutivo catalán sí que estará en disposición de lograr el déficit del 1,3% que marca para las autonomías el Programa de Estabilidad.

"No se puede hacer ese ajuste sin tocar todas las partidas", admite Carreras, "un poco en salud, un poco en educación, un poco en bienestar... Lo más rápido y eficaz es reducir en obra pública".

Pero los expertos en Hacienda Pública y economistas desconfían de que este tipo de recortes. Sí que hablan de eficiencia en el gasto, pero no les gusta, en absoluto este tipo de recortes, que son, lisa y llanamente, recortes en el Estado de Bienestar. "El endeudamiento no es una opción. Así que si las comunidades autónomas quieren mantener sus servicios, hay que subir impuestos", explica Zubiri, que reclama una reforma fiscal profunda en la que se eliminen las deducciones del IRPF, revisar el IVA y el impuesto de sociedades.

Coincide con él J. Ignacio Conde-Ruiz, de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de corte liberal: "La rebaja del gasto no basta. Es difícil cumplir con el Programa de Estabilidad sin una reforma fiscal en profundidad. Resulta imprescindible para rebajar el déficit estructural".

Miguel Ángel García, de CC OO, también defiende la reforma fiscal. La ve necesaria para equilibrar un sistema fiscal viciado por una década larga de crecimiento -"los ingresos eran extraordinarios, crecían dos dígitos por año"- y el fraude. Pero va más allá. Defiende un menor ritmo de reducción del déficit público y un pacto de rentas para afrontar la difícil situación económica, "partiendo de un diagnóstico acertado de la situación", una crítica constante en su discurso al Ejecutivo central.

De Guindos, por su parte, carga todas las tintas en el lado del ahorro. Y lo justifica así: "España tiene que cumplir ineludiblemente los objetivos del programa comprometido, ya que en este entorno cualquier desviacion sería letal para la confianza en España". Y cuando se le plantea que el ajuste conlleva un freno al crecimiento responde: "Hay que fomentarlo con reformas. La laboral, que es básicamente la de la negociación colectiva, y que primen los convenios de empresa. Acabar la reforma financiera. Sin crecimiento cumplir el plan va a ser una tortura".