El PSdeG de Pontevedra desafía a Vázquez con la lista de las generales

La ejecutiva provincial de Pontevedra del PSdeG consumó ayer su desafío al secretario general del partido, Pachi Vázquez, y aprobó una lista para las elecciones generales encabezada por Carmela Silva, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo. La propuesta no se acompañó de compromiso alguno de renunciar a ese cargo cuando Silva sea elegida diputada, en contra de la exigencia con la que Vázquez pretendía blindar el régimen de incompatibilidades que ha impuesto en Galicia e incluso de los propios estatutos provinciales del partido.

El pacto tácito del secretario provincial, Modesto Pose, y el alcalde vigués, Abel Caballero, permitió configurar una candidatura en la que el diputado autonómico Guillermo Meijón figurará en el segundo puesto. En el tercero se presenta el alcalde de A Illa, José Manuel Vázquez, quien sí dimitiría como regidor para cumplir otra incompatibilidad, esta aplicada por el candidato Rubalcaba, que impide a los alcaldes ser diputados. Para el Senado, la ejecutiva provincial propuso a la viguesa Ángeles Marra.

La ejecutiva gallega desautorizará la candidatura de Pontevedra

El debate en el comité provincial alcanzó momentos de fuerte tensión

"Si alguien quiere pedir algún papel, que lo haga cuando sean candiatos formales" o cuando se produzca "la toma de posesión", se defendió Pose. "Si después alguien les quiere pedir los papeles, la declaración de la Renta, el Libro de Familia o el RH, estupendo", añadió el líder provincial, que concluyó: "Los requisitos que hagan falta para aprobar las listas, que los pidan los órganos superiores".

La pelota queda ahora en el tejado de la ejecutiva nacional gallega, que tiene de plazo hasta el 3 de octubre para validar la propuesta de la organización pontevedresa. Fuentes próximas al secretario general garantizaron que "como mínimo" la ejecutiva gallega informará en contra de la lista. La firmeza con que Vázquez aplicó el principio una persona, un cargo en las municipales hace que esté en juego su autoridad en el PSdeG, hasta el punto de enfrentarse con uno de sus principales aliados, Abel Caballero, principal valedor de la continuidad de Silva en Ayuntamiento y Congreso.

Pose se presentó anoche ante el centenar y medio de miembros del comité provincial después de presidir una ejecutiva en la que no faltaron defensores de las tesis de Pachi Vázquez. Pero el secretario provincial desoyó sus peticiones y trasladó a continuación su propuesta al comité, que inició con un discurso en el que insistió en desvincularse de la petición de compromisos de renuncia.

La reunión del comité provincial proseguía pasada la medianoche tras un debate que vivió momentos de tensión, hasta el punto de que los gritos, en medio de la acalorada discusión, pudieron oírse desde el exterior de la sala. Finalmente, se decidió votar en urna la ratificación de la lista aprobada por la ejecutiva. Además del caso de Vigo, Pose soportó algunos reproches por la exclusión de la lista del actual diputado Luis Piña.

La ejecutiva gallega venía insistiendo en los últimos días en la necesidad de garantizar que no se acumularán cargos. Para ello, la ejecutiva de Vázquez echó mano de los estatutos del partido. No solo de los del PSdeG, como recordó el secretario de Organización, Pablo García, en sendas cartas a las cuatro ejecutivas provinciales, sino también de los de la propia organización que lidera Pose.

En su artículo 77, los estatutos precisan que "los afiliados del PSdeG de Pontevedra no podrán desempeñar simultáneamente más de un cargo institucional de elección directa". Las normas de los socialistas de la provincia también prevén cómo resolver casos excepcionales, en línea con la flexibilidad que solicitó Carmela Silva. Ese tipo de situaciones "serán resueltas por la comisión ejecutiva nacional gallega, a propuesta de la comisión ejecutiva provincial".

En las horas previas al comité de Pontevedra, la ejecutiva de Pachi Vázquez leyó con especial atención este y otro artículo de los estatutos del PSdeG pontevedrés, el 43. En él se establece que cualquier actuación del ámbito provincial que se considere contraria a las normas de las organizaciones nacional o federal "podrá ser suspendida o dejada sin efecto" por la ejecutiva gallega, lo que es tanto como atribuirse el derecho de veto.