El fiscal defiende la vigilancia electrónica para reducir la saturación de las prisiones

Las cárceles gallegas están saturadas, especialmente las provinciales de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra) que están entre las que mayor tasa de ocupación tienen en España. Y la implantación de medios de vigilancia electrónica para determinados perfiles de delincuentes de "riesgo bajo y medio" podría ser una buena alternativa, según abogó ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en la apertura del año judicial.

Un acto en el que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, volvió a hacer hincapié en "los déficits" en personal, infraestructuras y medios que ahondan en el ya endémico retraso de la justicia en Galicia. Ante las principales autoridades institucionales, Cadenas urgió a avanzar en "la modernización" de la Administración judicial, además de dotarla de más salas por la escasez de espacios existentes, en como únicos antídotos a su siempre creciente colapso. "Sin las inversiones precisas en infraestructuras y tecnologías, el nuevo modelo organizativo difícilmente cumplirá la función", advirtió en referencia la nueva Oficina Judicial.

Cadenas recordó las cifras de casos en trámite en juzgados gallegos y subrayó la especial incidencia que la crisis económica tiene en la ya de por sí colapsada actividad judicial. Los juzgados de lo mercantil de A Coruña, que tiene "la mayor carga de trabajo de toda Galicia", y de Pontevedra-Vigo ingresaron en el primer semestre de este año 1.261 asuntos, resolvieron 1.110 y tenían pendientes a finales de junio 1.351. Más de un tercio son recursos de súplica en materia de despidos (308) y otros urgentes por afectar a derechos fundamentales (184).

Mientras, el fiscal se centró en su discurso en la situación de las prisiones gallegas, que suman 4.410 internos, casi el 6% del total estatal. Y defendió por ello la implantación de la vigilancia electrónica para el seguimiento de condenados a penas de libertad vigilada o que requieran una localización permanente. Varela citó el ejemplo de Italia, que opta por el arresto domiciliario con vigilancia electrónica como "alternativa a la prisión provisional".