Cataluña aplicará el tributo si se mantiene tras el 20-N
La Generalitat prepara nuevos recortes sociales para 2012
Cansado de arrastrar la etiqueta de ser un Gobierno que recorta a "los pobres" y hace regalos fiscales a "los ricos", el Ejecutivo de Artur Mas hizo ayer una nueva pirueta para no tener que mojarse acerca del restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio. La Generalitat de Cataluña deja la puerta abierta a aplicar el impuesto después de las elecciones generales si el nuevo Gobierno lo mantiene, pero por ahora no lo consignará en los Presupuestos para 2012. Se trata de dejar claro que Convergència i Unió no comparte la filosofía del impuesto pero sin cerrar la puerta a beneficiarse de sus rendimientos.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, explicó esta posición por una cuestión de "pura cautela". "No queremos consignar unos ingresos que pueden acabar no viniendo. Si cuentas con un dinero, te lo gastas y luego resulta que los otros que vienen, por las razones que sean, lo quitan, te quedas sin este dinero y haces más déficit", argumentó. Con todo, esta decisión tiene un alcance moderado: la Generalitat no prevé presentar sus Presupuestos hasta después de las elecciones, o sea, que para entonces ya se sabrá si el impuesto se mantiene o no.
Eso sí, cualquier ingreso no previsto será recibido como agua de mayo por las arcas de la Generalitat. Sobre todo cuando cerró 2010 con un déficit del 4,2% del producto interior bruto (PIB), lo cual supone cuatro décimas más de lo que previó a comienzos de año. Este aumento se debe a que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha obligado al Ejecutivo catalán a llevar a déficit varias partidas relativas a la línea 9 del metro de Barcelona y aportaciones a su banco público. La nueva escalada del déficit complicará todavía más la consecución de los objetivos para 2011, que pasaban por situar el déficit en el 2,6% del PIB. Sin embargo, el consejero espera compensarlo con los ingresos procedentes de la venta de inmuebles.
Tras unos recortes del 10% del gasto que en 2011 han llevado a cerrar cientos de camas hospitalarias, el Ejecutivo catalán allana ya el terreno para un segundo tijeretazo en 2012. Ayer el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, presentó una auditoría encargada a la consultora Deloitte para examinar las finanzas públicas que ha heredado del tripartito. El informe, que ha costado 880.000 euros —con el IVA incluido—, señala que el tripartito dejó facturas sin pagar correspondientes a 2010 por 1.208 millones.
Sin embargo, el déficit y esas facturas desplazadas al siguiente ejercicio no son el principal quebradero de cabeza de Mas-Colell. El consejero está sobre todo preocupado por el pago de la deuda en 2012. Solo el incremento de sus intereses consumirá 766 millones de euros, casi el doble del presupuesto de Cultura. Y esa cantidad es la que, como mínimo, reducirá la Generalitat a otros departamentos.
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