Denuncia contra las bodegas por especular con la uva

Con la época de vendimia entrando en su última fase, la tensión entre los viticultores y el consejo regulador de la denominación de origen Rías Baixas no se relaja. Los productores de uva, capitaneados por el sindicato Unións Agrarias (UU AA), reclaman que se eleve el cupo máximo de los rendimientos por hectárea en una cosecha en la que las estimaciones anticipan cifras récord de hasta 40.000 toneladas de uva. La central volvió ayer a patrocinar las protestas con una manifestación en Pontevedra en la que su secretario general, Roberto García, subió el tono de las amenazas: ante la falta de acuerdo, el sindicato agrarista denunciará a varias bodegas ante el fiscal por "alterar artificialmente el precio" de la uva al consejo regulador y a las bodegas a las que acusan de especular.

Las estimaciones anticipan una consecha récord, de 40.000 toneladas

El tira y afloja entre viticultores y consejo regulador por los cupos es casi tan antiguo como la propia denominación de origen. Un reglamento de la Consellería de Medio Rural de 2007 acotó la cuestión al fijar en un máximo de 12.000 kilos por hectárea, que prevé aumentos "en determinadas campañas" de hasta el 25%. En una primera votación antes de la vendimia, el consejo rechazó el incremento, que en una decisión posterior sí se aprobó, pero con un porcentaje del 15% que para UU AA es insuficiente.

El sindicato consiguió reunir ayer a unos 300 viticultores que marcharon desde la sede del consejo regulador en el casco histórico hasta el edificio de la delegación territorial de la Xunta. Quince tractores encabezaron la marcha, con los asistentes clamando contra lo que consideran una maniobra especulativa de algunas de las bodegas para hacerse con uva por debajo del precio de 1,5 euros por kilo que fijan los contratos homologados. "Nos dicen que no lo van a recoger todo pero que después vienen a por lo que sobre por 30 céntimos el kilo", se quejaba un matrimonio tras la intervención del líder sindical. Según UU AA, más de 2.000 de los 6.500 viticultores registrados están afectados por los cupos.

El argumento principal de bodegueros, consejo regulador y Xunta para no aumentar las cuotas es que hacerlo abriría la puerta a abusos y a una pérdida de calidad en el producto. El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, abundó en ello en unas declaraciones tras una visita a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, a tres kilómetros escasos del lugar por donde marchaban los tractores. "Todos tienen que ser capaces de entender las reglas del juego. Todos los consejos reguladores de todas las denominaciones de origen europeas tienen que tener un límite a la producción porque se entiende que es un aspecto que incide en la calidad", declaró, según recoge Europa Press. También deslizó que la uva en otras denominaciones se vende mucho más barata, "a 12 céntimos el kilo". La Xunta entiende que no caben nuevos ajustes en medio de la vendimia.

"Yo tengo 12.000 kilos de uva colgando de las parras. Psicológicamente es muy duro. Ya ni quiero entrar en esas fincas. En esta vida vi de todo, pero ver las uvas sin recoger, nunca", se lamentaba uno de los conductores de tractor, mientras aporreaba la bocina. Las discrepancias entre productores y bodegueros no son, según UU AA, culpa de las grandes cooperativas del albariño, sino de los explotadores de dimensión mediana que según Xosé Ramón González, secretario de Agricultura y Ganadería Extensiva del sindicato, "no supieron dimensionar sus industrias ante la progresiva profesionalización de los viticultores".

"Existe un informe técnico encargado por la propia denominación de origen que avisaba de que las cosechas este año tendrían un rendimiento superior al 25%", insiste García. "Algunos ya reconocen que no se trata de un problema de calidad sino de que aún tienen excedentes sin vender del año pasado". El líder sindical aduce que la situación actual se ha producido "artificialmente" con la intención de algunas bodegas de recoger la uva en una segunda fase, a un precio más reducido. "Son un grupo que no representa más que al 20% de la producción, pero están bien organizados y presionan para no recoger ahora la uva con los precios homologados. Después reventarán el mercado, incluso el de los vinos de mesa", sostiene.

Con tres asientos en el consejo regulador de los nueve reservados para los viticultores (las bodegas tienen otros nueve, por cuatro de las cooperativas), UU AA no tiene mayoría suficiente para modificar la postura oficial. El sindicato Xóvenes Agricultores (con cuatro asientos) no apoya las movilizaciones. El Sindicato Labrego Galego fue el primero en alertar de las supuestas prácticas de las industrias para comprar la uva por una cuantía inferior a la pactada, pero no secunda las movilizaciones.

Con un consejo regulador en funciones, entre los viticultores todavía escuecen las sanciones que Medio Rural impuso a quienes el año pasado ya superaron la producción: "Los 1.000 expedientados solo reunían el 1% de la producción. Siempre se va a por el débil". Los viticultores también reclaman que se actualice el censo de explotaciones. "La última vez fue en 1995", indica González. También planean enviar requerimientos notariales al consejo para que certifique que las bodegas solo tienen en su poder la uva que por contrato pueden recoger.