Bandazos

El economista norteamericano James Buchanan, padre entre otras de la propuesta de introducir límites constitucionales al déficit público, narraba pocos meses después de recibir el Premio Nobel de Economía por el conjunto de sus contribuciones académicas al análisis económico de la política, una anécdota que bien resume uno de los ejes centrales de sus teorías. Recién investido del honroso laurel sueco, asistía a un congreso en Nápoles, ciudad a la que llegara la noche anterior, y en la que tenía concertado un encuentro con los periodistas a primera hora de la mañana. Esa misma noche la Camorra había asesinado a varias personas en las proximidades de su hotel, por lo que cuando los periodistas napolitanos le pidieron opinión sobre las medidas que habría que adoptar para impulsar el desarrollo de la más pobre de las regiones italianas, no dudó en contestar que lo primero de todo era garantizar el Estado de Derecho, la seguridad de las personas, y la certidumbre jurídica, empezando por el primero de todos los derechos que es el derecho a la vida. Lo que más había sorprendido al profesor Buchanan era la cara de sorpresa de los periodistas por su respuesta, quizás defraudados porque esperaban una teoría económica del crecimiento algo más sofisticada.

Bien harían los candidatos del PSOE en no deteriorar nuestra estructura fiscal y credibilidad institucional

Y es que aunque con frecuencia se olvida, uno de los principales determinantes del desarrollo económico y social de un país es la existencia de un orden jurídico eficaz, equitativo y estable a lo largo del tiempo, y en particular, de un sistema fiscal que además de eficaz y equitativo también sea predecible: sin él, la inversión se retrae y la economía se ralentiza y se deprime. Este factor es el que explica, entre otros, por qué muchas empresas prefieren invertir en países con reglas constitucionales estables pese a que los costes fiscales o laborales sean superiores a los de muchos otros en los que impera la incertidumbre sobre el régimen jurídico y fiscal que se aplicará a las empresas a lo largo del tiempo. O lo que es lo mismo: además de las dotaciones de capital físico (infraestructuras), humano (productividad) y tecnológico, en el crecimiento económico influyen también decisivamente las dotaciones de capital institucional y legal, algo de lo que habitualmente están mejor dotadas las democracias constitucionales que garantizan certidumbre sobre los rendimientos a largo plazo de las inversiones, a través de un sistema legal y fiscal previsible, y no sujeto a bandazos.

Bandazos son, precisamente, los que mejor definen la forma de hacer política económica del gobierno socialista a lo largo de los últimos años. Pero mientras que alguno de estos bandazos (el ir y venir de incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta, el Plan E que ahora ya hasta es criticado por el ministro de las bombillas, Miguel Sebastián, entre otros ejemplos del estilo) son relativamente inocuos desde el punto de vista de la conservación de nuestro capital institucional, no ocurre lo mismo cuando de lo que se habla es de la estructura básica de nuestro sistema tributario. El episodio que estamos viviendo estos días, en los que hemos visto sucesivamente a un candidato pedirle al Gobierno del que formaba parte la restauración de un impuesto que grava el capital, impuesto que había sido suprimido por ese mismo gobierno hace tres años por tratarse de un impuesto "obsoleto, absurdo y ridículo"; al portavoz de ese Gobierno anunciando unas reformas y a su vicepresidenta económica contradiciéndole el día antes de su aprobación; e incluso a estas dos mismas personas desmentirse, ayer mismo y una vez que ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros, sobre el contenido del decreto, constituye el mejor paradigma de la política económica de bandazos del gobierno socialista.

El problema, sin embargo, no es tanto que con ello continue poniéndose en evidencia la pésima gestión que de la crisis ha hecho el partido socialista. Lo grave es que dan una imagen del Gobierno de España, y por ello del conjunto del país, que pone en solfa la credibilidad de nuestro capital institucional, minando la confianza de los inversores nacionales y extranjeros. Bien harían los candidatos socialistas, una vez que ya han incorporado a su propio ideario las tesis de James Buchanan sobre la necesidad de constitucionalizar la estabilidad presupuestaria, en recordar también sus contribuciones sobre la necesidad de no deteriorar innecesariamente nuestra estructura fiscal, por formar parte esencial de nuestra credibilidad institucional. Lo contrario, justo, de ir como van: a bandazos. Y ahorrarnos a todos de paso, incluidos los periodistas, la permanente cara de sorpresa, cuando no de mareo, ante tanta y tan sofisticada incongruencia y contradicciones en política económica y fiscal.