La deuda autonómica se dispara pese al freno impuesto por Hacienda
Las comunidades elevan su endeudamiento un 23% en el último año y llevan a un récord de 700.000 millones el del conjunto de las Administraciones públicas
La deuda pública avanza a un ritmo muy superior del que sugiere el discurso político. El desplome de los ingresos ha llevado a las Administraciones a vivir del crédito para financiar unos gastos que bajan con dificultad. Dentro del espectro público, son las comunidades las que más aceleran esa práctica. El endeudamiento autónomico resultó al cierre del segundo trimestre del año un 23% superior al de un año antes. Los datos chocan con el veto que el Gobierno central mantiene desde finales de 2010 a las comunidades que incumplen los objetivos de déficit. Hasta julio, la prohibición de pedir prestado se mantenía para la mitad de estas Administraciones y aun así su deuda ha alcanzado un récord equivalente al 12,4% del producto interior bruto (PIB).
Valencia, Cataluña y Castilla-La Mancha registran los mayores niveles
Los controles sí han funcionado en los Ayuntamientos, que siguen estables
Aunque el peso es limitado en el conjunto de la deuda pública (65,2% del PIB, según los datos divulgados ayer por el Banco de España), lo preocupante de la cuota autonómica es la rapidez con que ha crecido, hasta duplicar las cotas existentes antes de la crisis. Y eso en un contexto de creciente recelo en los mercados hacia la deuda española, con especial atención a la territorial. El empuje autonómico -aporta una cuarta parte del nuevo pasivo del último año y casi la mitad en el último trimestre- eleva por primera vez la deuda pública española por encima de los 700.000 millones de euros. Con ser elevado, ese nivel (65,2% del PIB) queda muy por debajo de la media europea, que se acerca al 90%. En 1997, España soportaba un porcentaje de deuda algo superior al actual, pero entonces el país vivía el inicio de una etapa de bonanza, sin problemas para financiarse en el mercado, que luego llegó a otorgar a los bonos españoles el mismo nivel de riesgo que a los alemanes.
Los datos revelan hasta qué punto las comunidades sortean los impedimentos del Ejecutivo para pedir más dinero. La Comunidad Valenciana, la más endeudada de España -roza el 20% del PIB-, no tenía permiso para endeudarse hasta finales de julio. Sin embargo, el nivel de junio es 2,5 puntos superior al registrado hace un año y sigue creciendo con fuerza trimestre a trimestre. Más flagrante es el caso de Cataluña, que todavía no tiene permiso para recurrir al pasivo y a pesar de ello ha elevado más de cuatro puntos su nivel, hasta el 19,2% del PIB, el segundo mayor de España. Castilla-La Mancha, la comunidad con mayor déficit y la tercera en ratio de deuda, lleva ya casi un año sin poder pedir prestado pero sus niveles han crecido tres puntos en ese periodo, hasta el 17,2%.
Parte de la explicación reside en un resquicio de la prohibición de Hacienda al que se agarran las comunidades. El Ejecutivo tiene que autorizar la deuda a largo plazo (con vencimiento superior a un año), pero para periodos inferiores, estas administraciones no necesitan pedir permiso. A tenor de las cifras, esa es la vía que están empleando las administraciones para financiarse. También puede ocurrir que las regiones estén haciendo uso de autorizaciones de deuda antiguas y que hasta ahora no se habían empleado. Pero esa posibilidad es cada vez más remota.
Las comunidades con niveles más magros son Madrid (7,7% del PIB), País Vasco (7,9%) y Canarias (8,2%).
También crece a buen ritmo la deuda en la Administración central: casi un 16% desde junio de 2010. El 65,2% de deuda sobre PIB en el conjunto de las Administraciones se acerca ya mucho a la previsión que hizo el Gobierno para todo el año (68,7% según los Presupuestos Generales del Estado), aunque la evolución registrada en el primer semestre da pie a pensar que la meta se cumpla.
Donde sí parecen funcionar mejor los controles es en las administraciones locales, que registraban en junio de 2011 el mismo nivel de deuda que un año antes (equivalente al 3,5% del PIB). Desde este año, los ayuntamientos cuya deuda rebase un 75% sus ingresos corrientes tienen prohibido el recurso a la deuda, incluso para reponer la que vence. Esa norma encendió los ánimos de algunas corporaciones locales, principalmente los de Madrid, que empieza a ver cómo su deuda se reduce en este ejercicio.
A mucha menos velocidad que la deuda oficial crece la que queda fuera del perímetro que abarcan los criterios europeos. El endeudamiento de empresas públicas y otros organismos a los que se supone capacidad para financiar por su cuenta al menos la mitad de sus gastos se mantuvo en los mismos niveles del arranque del año tanto en la Administración central como en las autonómicas. Respecto al año pasado, sí se registra un leve aumento, principalmente en la Administración central.
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