Un testigo declara que Porro le indujo a falsedad documental

¿Hubo dimisión o despido improcedente? Es la cuestión capital que tendrá que sentenciar el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo en relación con el primer director gerente de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), que aún sigue presidiendo Corina Porro, desde hace unos meses presidenta a la vez del Consello Económico e Social de Galicia (CES). El despido improcedente comportaría una indemnización al demandante, Pablo Alborés, de 570.000 euros, cuando, según todos los indicios conocidos por este periódico, la FPV se encuentra en situación de quiebra técnica.

Las dos partes presentaron sendos documentos determinantes y contradictorios: el escrito de dimisión y el de aprobación de la excedencia del director gerente, respectivamente. Y solo prestó testimonio Mario Ubiaga, que sucedió en el cargo a Alborés y que declaró que había certificado la celebración de un consejo del Patronato de la FPV, el que aprueba la dimisión de Alborés, que nunca llegó a tener lugar. ¿Admitía entonces que había cometido un delito de falsedad documental?, le preguntó el abogado de la FPV. "Firmé por orden de mi presidenta", respondió en un par de ocasiones.

Pablo Arbolés firmó su contrato con la FPV el mismo día de su presentación pública, el 16 de abril de 2010. Fijaba un sueldo anual de 57.000 euros y una cláusula de rescisión equivalente a 10 anualidades en caso de despido improcedente. Doce días después, el 28 de abril, Porro y Alborés firman la aceptación de la excedencia del director gerente hasta el 2 de mayo de 2011, concediéndosele un plazo de 20 días a partir de entonces para pedir la reincorporación a su puesto. Oficializaron el documento ante notario y ayer Porro reconoció su firma en el mismo.

El 5 de mayo de 2010, sin embargo, Alborés recibió una notificación notarial que le informaba de que el Patronato de la FPV, con fecha 30 de abril, había aceptado su dimisión, presentada por escrito el mismo 28. No hubo tal escrito de dimisión, según Alborés, ni tampoco reunión alguna del Patronato, según el testimonio de su sucesor en el cargo, Mario Ubiaga. "No me consta que hasta el 14 de diciembre, en que cojo la baja, se celebrara ningún consejo del Patronato", afirmó ayer.

Ubiaga sigue de baja desde entonces y con otro litigio pendiente con la FPV -el juicio está marcado para el 6 de octubre- para hacer valer un contrato análogo al de Arbolés a cuyas condiciones habría renunciado en un acuerdo ante el servicio de mediación laboral -a cambio de una indemnización aplazada de 100.000 euros- pero que ahora desea anular porque entonces estaba en tratamiento psiquiátrico.

Porro reconoció su firma en el documento de excedencia de Alborés, aunque no el propio documento, y declaró que el gerente le entregó su dimisión en mano y que no podía recordar la fecha concreta de la reunión del Patronato que la aprobó. "No se ha acreditado nada", afirmó su abogado en las conclusiones, expresando su extrañeza por que Alborés no hubiera hecho nada cuando recibió, el 5 de mayo, el acta en que se revocaban sus poderes y esperara un año, hasta después de las elecciones municipales, para entablar el litigio.

Alborés sostiene que retomó los contactos con la FPV al vencimiento de su excedencia y fue entonces, a primeros de mayo último, cuando se le emplazó a esperar a que pasasen las elecciones del 22-M para buscar una salida negociada. En esos momentos Porro confiaba en ganar la alcaldía de Vigo. Al no cumplirse ese objetivo, también se desentendieron y desaparecieron los interlocutores de la FPV que Alborés había tenido durante la campaña electoral. Aunque mantuvo el acceso a las cuentas bancarias de la fundación hasta el último 31 de agosto.