Salgado baja a 700.000 euros el mínimo exento del impuesto de patrimonio

Después de que se lanzaran mensajes confusos y contradictorios sobre el nuevo impuesto para altos patrimonios, la medida estrella del programa socialista, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, salió ayer al ruedo para despejar dudas. Su papel no fue fácil porque desde el PSOE, el propio candidato Rubalcaba y el Gobierno, se habían enviado cifras diferentes sobre a cuántos españoles afectaría y cuál sería el patrimonio mínimo exento, anunciado en un millón de euros. La vicepresidenta abrió su presentación, un día antes de que se celebre el Consejo de Ministros, con esta frase en la que parecía asumir esa descoordinación: "No es habitual una comparecencia como esta, pero ante las circunstancias -me voy ahora de viaje a la reunión del Eurogrupo en Polonia- y la indefinición que ha habido, explicaré los detalles", dijo escuetamente.

Las comunidades que no cobren el impuesto no tendrán recorte de ingresos

Recibirán 2.100 millones y lo que recauden con el nuevo tributo

El Ministerio de Economía aclaró que el mínimo exento se eleva a 700.000 euros por contribuyente, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior (cerca de 108.000 euros). Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble del que había en 2008. Salgado comentó que "la suma de estos dos conceptos da lugar a una cifra de un millón de euros, lo que hace que el impuesto grave solo a las grandes fortunas y no a las clases medias, como sucedía antes".

Con esta frase, Salgado quería dar sensación de coherencia con las declaraciones del ministro portavoz, José Blanco, que habló de un impuesto que gravaría a los patrimonios cercanos al millón de euros y que afectaría a unas 90.000 personas. La vicepresidenta aclaró, más adelante, que en el caso de una pareja con bienes gananciales, el valor de la vivienda se divide por dos, de forma que el matrimonio que tenga una casa de 600.000 euros, cada cónyuge dispondrá de un mínimo exento de 300.000 euros.

Salgado explicó que el Gobierno ha decidido recuperar el impuesto sobre el patrimonio, que se aprobará hoy, con una vigencia de solo dos ejercicios, 2011 y 2012. Este impuesto se retiró en 2008, cuando en España la crisis era algo más que una sospecha.

El gravamen afectará al final a 160.000 contribuyentes y aportará a las autonomías, que no al Estado, 1.080 millones. Estos cálculos se han realizado según la declaración de 2007, la última donde se gravó el impuesto. En aquel ejercicio, las 4.000 personas con patrimonio por encima de seis millones aportaron el 20% de todo lo recaudado.

El real decreto no modificará los tramos del impuesto, que quedarán igual que como están ahora. Es decir, se aplicará el 0,2% para una base liquidable de 167.123 euros, hasta el 2,5% para los que superen 5.347.998 euros.

Salgado explicó luego las dos razones por las que la reactivación del impuesto solo afectará a 2011 y 2012: "Por un lado, esos son los años en los que España tendrá que hacer mayores esfuerzos para cumplir con la reducción del déficit" que exige Bruselas, señaló. Además, "el programa socialista explica que se quieren reformar los impuestos sobre la riqueza porque el próximo Gobierno podrá mejorar lo que hay ahora". La ministra insistió en que la crisis económica hace "necesario" restablecer ese tributo.

Uno de los puntos más polémicos del nuevo impuesto es el reparto del dinero recaudado a las comunidades autónomas. Hasta ahora, el Estado reparte 2.100 millones anuales a las comunidades para compensar la retirada del impuesto en 2008, en cumplimiento de la Ley de Financiación Autonómica. En 2011 se seguirá aplicando esta ley, por lo que percibirán todo este dinero. Además, las comunidades que reactiven el impuesto para ricos, percibirán los nuevos ingresos, lo que, en la práctica, supone duplicar esa partida.

Las comunidades rebeldes, aquellas del PP que han anunciado que no gravarán a los ricos, como ayer mismo ratificó el presidente popular de Murcia, no tendrán ningún perjuicio. Es decir, percibirán íntegra la parte correspondiente de los 2.100 millones, aunque no tendrán ingresos adicionales. "Deberán explicar por qué no aplican el gravamen a los altos patrimonios mientras hacen recortes sobre partidas, algunas de tipo social", comentó la vicepresidenta con intención política.

Este planteamiento es contradictorio con el del candidato socialista a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, que advirtió el martes pasado, con Salgado presente, que las comunidades que no cobren ese impuesto sobre el patrimonio no tendrán la compensación económica que les daba el Estado desde que se suprimió este tributo.

Ante las preguntas de los periodistas, Salgado explicó que se mantendrá la compensación de los 2.100 millones a las autonomías porque el real decreto no puede modificar la Ley de Financiación Autonómica ya que tiene rango superior. Para evitar esta confrontación, tras la rueda de prensa, fuentes gubernamentales precisaron: "Dentro de dos años, cuando se liquiden las cuentas con las autonomías, es razonable que el ministerio pueda tener en cuenta esas circunstancias", en referencia a la actitud de las comunidades rebeldes. "Para entonces, habrá tiempo suficiente para realizar los cambios normativos convenientes", añadieron.

Otra de las consecuencias de este planteamiento es que no supondrá ningún ahorro para el Estado. Si las comunidades reciben 1.080 millones, más los 2.100 millones de la compensación, el pago de los ricos no supondrá ningún ingreso adicional para la Administración central.

Sobre las palabras de Rubalcaba en las que admitía que habría que haber hecho antes la reconversión de las cajas, Salgado defendió que de haber conocido las características de la crisis, muchas cosas se hubieran hecho de manera distinta.