Ciscar afina los criterios para ceder suelo a empresas con experiencia

Ni las prisas son buenas consejeras, ni la Comunidad Valenciana es Madrid. De forma que el "modelo madrileño" de cesión de suelo público para edificar colegios concertados -que pretendía exportar el anterior Gobierno de Francisco Camps- no se puede aplicar con escuadra y cartabón al sistema educativo valenciano, formado por cooperativas y empresas medianas. El actual consejero, José Ciscar, trabaja en afinar los "criterios pedagógicos", que la presidenta madrileña Esperanza Aguirre abrió de par en par a idearios ultracatólicos, fondos de inversión y empresas de servicios, a fin de evitar "intrusismos" en la educación valenciana. De entrada, la condición para ser adjudicatario de un proyecto de Centro de Iniciativa Social (CIS) pasa por demostrar "cinco años de experiencia empresarial", no solo docente, en el sector educativo.

El nuevo pliego valora la integración social y la atención a la diversidad

El pliego -para lanzar el primer concurso en enero- sigue prácticamente el esquema de Madrid en cuanto a los porcentajes de baremación, de forma que se estudia otorgar entre el 65% y 75% de la puntuación al "proyecto pedagógico". Pero con cambios significativos. Si en el anterior borrador calcado de Madrid este apartado quedaba sin especificar, el nuevo pliego fija hasta seis criterios para "valorar las experiencias educativas de carácter pedagógico" e introduce una mención especial a "la atención al alumnado de poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables".

Seis son los criterios acotados. Primero, las soluciones educativas innovadoras que se planteen. Segundo, la presencia equilibrada en el currículo del valenciano y del castellano, así como la incorporación progresiva de otros idiomas. Tercero, los sistemas de evaluación y diagnóstico de la calidad educativa que se implanten en el centro. Cuarto, el programa de actividades culturales, deportivas y extraescolares previstos. Quinto, las propuestas de colaboración con la consejería en materia de educación. Y sexto, las propuestas de integración social y de atención a la diversidad.

En el apartado de la solución técnica de obras y equipamiento (que será valorado entre un 20% y 25%) se añade "la preferencia por aquellos proyectos que optimicen soluciones constructivas y favorezcan la conservación y mantenimiento de las instalaciones y el aprovechamiento de recursos energéticos, desde una perspectiva de arquitectura sostenible".

Lo que está claro es que "aquellas ofertas que no hayan obtenido al menos un total de un 35% en los criterios de adjudicación del proyecto educativo y de gestión y un 15% en la solución técnica, quedarán excluidos", apuntan fuentes de la consejería.

Ciscar también se plantea abrir esta fórmula de cesión de suelo para construir colegios a la iniciativa pública. Con esta medida, los colegios proyectados por Ciegsa más urgentes que siguen paralizados por la falta de fondos de la Generalitat, podrían ser abordados por los Ayuntamientos con mayor necesidad de plazas.

El nuevo gabinete admite que tiene dudas sobre el modelo madrileño de concierto a 75 años prorrogables, debido a que la ley estatal es firme respecto a la concertación a cuatro años, prorrogable en función de las necesidades educativas de cada momento.