Dos años de prisión por construir un submarino para descargar droga

No hubo delito de tentativa sino de conspiración para el narcotráfico por parte de los seis acusados de haber planeado, en agosto de 2006, el traslado a las costas de Vigo de un alijo que supera los 750 kilos de cocaína a bordo de un submarino de fabricación casera que se diseñó en una nave de Gondomar. Éste es el primer sumergible empleado en el transporte de droga que se incauta en España, aunque los narcotraficantes fracasaron en el intento por fallos técnicos en el fuselaje de navegación.

El fallo interpreta las condenas como "ajustadas" porque "la acción solo generó una mínima peligrosidad para la salud pública". Por ello, el tribunal les ha condenado a la pena mínima de dos años de prisión, excepto a uno al que agrava por reincidencia con tres meses más, rebajando más de un año la petición de la fiscalía que ya había llegado a un acuerdo de conformidad con los acusados.

La sentencia rebaja aún más los acuerdos entre los imputados y el fiscal

Más de cinco meses ha necesitado el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia de Vigo para emitir su veredicto redactado en una extensa condena de 83 folios. La sala presidida por el magistrado José Carlos Montero Gamarra, que también intervino como ponente, no ha tenido en cuenta los hechos agravantes de organización delictiva que apreció el ministerio fiscal y que hubiera elevado las penas al máximo rango que permite la última reforma del Código Penal para narcotraficantes.

Sin embargo, el fallo admite como hechos probados que los acusados se coordinaron con el reparto de funciones concretas para el transporte de al menos este alijo de cocaína en la ría de Vigo a través del submarino y un velero como embarcación de apoyo, pero insistiendo en que "nunca se llevó a término" y que todos se arrepintieron de ello.

Así, los gallegos Manuel Clemente Groba, Francisco Omil Nazara, José Iglesias Fernández y Juan Manuel González Rodríguez, junto al ciudadano vasco Tomás Bengoechea Armendáriz y al sevillano Juan Serrano Fernández, planificaron la descarga de cocaína.

El dinero obtenido en la subasta del narcosubmarino y del yate-velero Nadir II pasará al fondo de bienes decomisados del Plan Nacional sobre Drogas, así como la totalidad de terminales telefónicos y dinero incautados en esta operación.

Según la sentencia, Juan Serrano Fernández (también llamado El Viejo y El Apoderado) y Tomás Bengoechea Armendáriz (al que apodaban Cabezón o El Grande) asumieron el compromiso de financiar económicamente parte de la operación. Francisco Omil Názara (alias Paco, Cuello o El Camisas) actuaba de enlace con los sudamericanos que representaban en España al dueño de la droga, un individuo del que solo se pudo averiguar que le llamaban José Luis y que no ha podido ser identificado.

Manuel Clemente Grova (alias El Ingeniero) se encargó de construir el artefacto semisumergible, manejado por un solo ocupante, que portaría la droga de forma segura para evitar su detección. José Jesús Iglesias Fernández coordinaba todo el operativo en un segundo plano, para lo cual Manuel Clemente Grova le daba cuenta de todas y cada una de las gestiones que efectuaba.

Juan Manuel González Rodríguez (alias El Mecánico) efectuó las reparaciones y los pertrechos precisos para el funcionamiento de la nave y consintió figurar como titular, con el objetivo de ocultar al verdadero propietario, Manuel Clemente, que era el que sufragaba los costes de mantenimiento con los 66.000 euros que recibió de los colombianos.

La operación se fue al traste porque, una vez iniciada la singladura, el piloto del narcosubmarino, desconfiando de la seguridad de la embarcación, se negó a seguir el periplo. Manuel Clemente optó por dejar la nave abandonada en medio de la ría de Vigo para simular su aprehensión por la policía y forzar así a los propietarios de la droga a efectuar el transporte en el velero. Sin embargo, a las nueve de la mañana del día siguiente, la policía encuentra la nave cerca de las Cíes, abandonada, con los motores encendidos y con 4.650 litros de combustible en los tanques.

La reacción de los cárteles es inmediata cuando los medios de comunicación difunden el hallazgo. Como los colombianos reclamaron el dinero invertido, cuatro de los acusados decidieron un mes después organizar otra descarga para saldar la deuda, operación que también se frustró cuando fueron detenidos.