Hacia una consolidación fiscal progresista

Nadie pone en duda que estamos inmersos en una gravísima crisis económica y financiera, del mismo modo que no hay duda de las enormes responsabilidades que las políticas neoliberales y desreguladoras tienen en su origen, pero lo cierto es que la presión de los especuladores internacionales hace imprescindible una consolidación fiscal de las cuentas de la Generalitat, basada entre otras cuestiones en la reducción del déficit presupuestario.

El equilibrio entre gasto e ingresos y sobre todo en qué partidas del presupuesto se centrará el ajuste nos dará una clara idea sobre si nos encontramos ante una consolidación de carácter progresista o una dura e injusta consolidación de carácter conservador.

Es absolutamente necesario por otra parte definir cuáles van a ser los mecanismos de financiación que utilizará nuestro gobierno autonómico, si habrá o no incremento de la presión fiscal, y si finalmente abandonará la pertinaz obstinación en no firmar convenios de financiación mixta Gobierno Central-Generalitat sobre proyectos estratégicos de interés para nuestra Comunidad, desaprovechando centenares de millones de euros que el Gobierno Central tiene presupuestados y prestos a ser liberados.

Durante las últimas semanas ha tenido lugar el minidebate sobre la reforma constitucional, una reforma impuesta para tranquilizar por enésima vez a los mercados, y que supondrá la elaboración de una Ley Orgánica ya pactada entre los partidos mayoritarios, para fijar por mandato constitucional el máximo posible de gasto y por tanto de endeudamiento tanto del gobierno central, como de los autonómicos y municipales.

Los sindicatos mayoritarios hemos mostrado nuestro rechazo a dicha medida porque estamos absolutamente convencidos de que los gobiernos no dudarán en recortar precisamente los gastos relacionados con la educación, la sanidad y la protección social cuando se trate de tranquilizar de nuevo a los mercados.

La excusa que se utilizará en ese momento será el mandato constitucional que consagra la actividad de nuestra economía a garantizar el pago de nuestra deuda soberana.

Cuando se les pregunta a los gobiernos, nosotros lo hemos hecho al gobierno autonómico en la última mesa general de la función pública, siempre responden que jamás se retrocederá en gasto social.

Llegados a este momento, donde la duda en las promesas y la voluntad de los políticos es más que razonable, creemos necesario y al hilo del debate sobre la reforma de la Constitución, que se promoviera en nuestro ámbito una reforma del Estatut d'Autonomia, para que del mismo modo que la Constitución nos obligará a no sobrepasar un determinado techo de gasto, cosa que todo el mundo entiende perfectamente, también se fijara en nuestra máxima norma autonómica cuál será el suelo de gasto social, es decir, que se garanticen a través del Estatut de Autonomía las partidas económicas suficientes que aseguren el mantenimiento de nuestro sistema de protección social, cosa que también todo el mundo puede entender.

Vamos a solicitar entrevistas a todos los grupos parlamentarios para sondear cuáles son sus posiciones al respecto, queremos saber cuáles son las dificultades que suscita nuestra propuesta, y qué motivos se esgrimen en el caso de que se rechace.

Nuestro Estatut, ya fue reformado en el año 2006, y lo fue para modificar algunos aspectos irrelevantes, el de mayor impacto fue el de la ampliación del número de diputados a elegir que paso de 89 a 99, creo que blindar el Estado de Bienestar bien merece otra reforma de nuestro Estatut.

Luís Lozano Mercadal es secretario General de la FSP-UGT-PV.