El Congreso avala el actual modelo lingüístico y educativo catalán

El Pleno del Congreso aprobó ayer una moción de respaldo al modelo educativo del catalán, con mención expresa de apoyo a la inmersión lingüística y a su uso como lengua vehicular. Se aprobó precisamente en el momento en el que está pendiente de ejecutar un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a cambiar ese modelo educativo para conseguir que la sentencia se haga realidad.

El texto fue aprobado (con 192 votos a favor, 148 en contra y una abstención) por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y UPyD, y partía de una moción de ERC sobre la que pactaron una enmienda transaccional el PSOE, CiU e Iniciativa per Catalunya.

"El Congreso manifiesta su apoyo al modelo lingüístico vigente en el sistema educativo catalán", al "derecho a recibir la educación en catalán", "a que se utilice normalmente el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje" y "a la inmersión lingüística como recurso pedagógico", asegura la moción aprobada.

El texto promueve la insumisión a una decisión judicial, según Rosa Díez

Es verdad que el texto habla también de la "garantía del conocimiento con suficiencia oral y escrita del catalán y el castellano al finalizar la educación obligatoria", y del derecho de los castellanoparlantes que se incorporen al sistema educativo a gozar "del derecho a recibir un apoyo especial si así lo requieren". Pero el contexto es el de resistencia del Gobierno catalán y los partidos nacionalistas a cumplir la resolución judicial o, en todo caso, su voluntad de recurrirla. Y, por eso, el texto aprobado suena a respaldo a la Generalitat en su pulso contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Este tribunal determinó, tras la denuncia de varios padres, que la Generalitat debía cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que equipara el castellano "como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto al catalán". El TSJC ha dado cinco días a estos padres para que presenten otro recurso.

De hecho, la moción termina instando al Gobierno a "defender el modelo lingüístico vigente en el sistema educativo catalán en el marco de la legislación vigente". Se invocan el Estatuto de Cataluña y la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional.

También suena a pulso con la Justicia porque en la presentación de la moción el portavoz de ERC, Joan Ridao, habló (en catalán) de "agresiones constantes contra un modelo que es garantía de nuestra convivencia". Ridao se refirió a quienes "quieren quebrar un modelo lingüístico de éxito" y aseguró que la resolución del TSJC supone un "choque de legitimidades" entre la mayoría del parlamento catalán y la Justicia, que obliga a reformar la educación. De ahí, Ridao habló de "situación injusta, cobarde e indigna" de la "derecha judicial".

En defensa de la posición del PSOE intervino Meritxell Batet, quien habló del éxito de la inmersión lingüística en Cataluña, porque, según dijo, garantiza que los alumnos terminen la educación obligatoria con un nivel igual de catalán y de castellano. La diputada del PSC no hizo referencia al auto del tribunal, pero sí al consenso sobre un "modelo de éxito". "¿Por qué romper la unanimidad del 83?", se preguntó. Para Jordi Xuclà (CiU), se habla de un conflicto que, según dijo, no existe en este momento. Tampoco habló de la resolución judicial. Y la diputada del PP Dolors Montserrat exigió el cumplimiento de la resolución judicial, defendió la libertad de elección y acusó a Ridao de decir "barbaridades ofensivas". En esa línea, Rosa Díez (UPyD), afirmó que la moción promueve la insumisión a una decisión judicial y hasta aseguró que propondrá una reforma legal para penalizar a los dirigentes políticos que incumplan decisiones judiciales.