Miño intenta evitar pagos millonarios a afectados por una promoción de chalés

El gobierno municipal de Miño (A Coruña), presidido por Juan Maceiras (PP), aprobó ayer en solitario una nueva tentativa para intentar legalizar una de las mayores promociones urbanísticas de Galicia, cuya adjudicación a Martinsa-Fadesa y la expropiación de los solares ahora ocupados por 1.287 viviendas y un campo de golf fueron declarados nulos por los tribunales. Maceiras pretende que la inmobiliaria siga con este macrourbanización casi acabada y evitar así que sean las ya muy mermadas arcas municipales de esta localidad de apenas 5.000 habitantes las que tengan que asumir en solitario las indemnizaciones millonarias -más de 20 millones- que sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificadas por el Supremo, reconocen para los afectados por unas expropiaciones que se hicieron indebidamente y se pagaron muy por debajo de lo que establecen los jueces.

"Es una burla a la justicia" sin visos de salir adelante, critica la oposición

Amparándose en un informe jurídico de la Diputación coruñesa, el PP (siete ediles) recurrió a su mayoría absoluta para aprobar ayer en pleno pedir al alto tribunal gallego que le autorice a ejecutar la sentencia que declara nula la adjudicación en 2002 a Fadesa aprobando un nuevo pliego de condiciones y un nuevo contrato "a la única empresa" que en su día se presentó para la construcción de esta macrourbanización.

Para los socialistas (seis ediles), la maniobra del gobierno local de Miño es "una burla a la justicia" sin viso alguno de salir adelante. "Pide a los jueces que legalicen así lo que ya declararon nulo de pleno derecho en sentencia firme, cuando lo que debería hacer el gobierno local es sentarse con los afectados para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial", argumenta el portavoz de la oposición, Manuel Vázquez Faraldo. Recordó que los vecinos, que tras una larga batalla judicial lograron que se les reconozca 25,9 euros por metro cuadrado en vez de los 6,3 que le pagó por sus solares el Ayuntamiento, nunca lograron abrir un diálogo con el alcalde.

El edil socialista asegura que hace unos días, Martinsa-Fadesa, recien salida de un concurso de acreedores, ya reclamó 70 millones de euros de indemnización al Ayuntamiento de Miño para liquidar el contrato y no poder terminar esta macropromoción, llamada Costa Miño Golf y ubicada entre San Xoán de Vilanova y Perbes. Mientras, los vecinos afectados por las expropiaciones siguen sin ver un euro de las cuantiosas indemnizaciones, más intereses de demora, que los tribunales les reconocieron. Si no prospera este último intento del gobierno local de legalizar la adjudicación a la inmobiliaria, los expropiados podrán reclamar a mayores un 25% más de indemnización para compensar el hecho de perder unos solares destinados a la construcción de una urbanización que resulta ser ilegal.

Para un ayuntamiento con un presupuesto anual inferior a los seis millones de euros, esos pagos podrían abocarle a la quiebra económica.