Nuestra deuda y la reforma constitucional

La vuelta al cole nos ha traído una reforma constitucional sobre la campana de una legislatura ya en fase terminal. El nuevo texto del artículo 135 de la Constitución, pactado por el PP y el PSOE a la carrera, impone un exigente techo de deuda a las Administraciones españolas. Los problemas de la reforma constitucional en curso son numerosos y conocidos y tienen poco que ver con su sensatez o inconveniencia. De contenido farragoso y a la vez voluntarista, es muy dudoso que el texto tenga un efecto compulsivo más potente que el que suponen las normas equivalentes de origen europeo. La urgencia del proceso se compadece mal con el hecho de que su eficacia se demore más de un lustro. Por no mencionar el hecho de que casi cualquier persona con dos dedos de frente, siendo consciente de la importancia de tener presupuestos equilibrados y no asumir más deudas de las razonables, lo es también del papel que juega la deuda pública en el crecimiento económico y de su necesidad imperiosa en circunstancias complejas como las actuales. Sin embargo, nada de lo señalado es tan dañino como el hecho de que una reforma constitucional aparentemente tan inane haya sido tramitada como lo ha sido ésta. Un proceso tan mal llevado dejará inevitables heridas.

En paralelo a estos problemas la reforma refleja un enorme desprecio por las instituciones autonómicas, que quedan si cabe más maniatadas que el Estado a pesar de tener más responsabilidades en la prestación de servicios públicos. La situación es especialmente grave, además, para Cataluña, Baleares y Valencia. Coinciden en estos tres territorios importantísimos déficits fiscales con transferencias para financiar servicios como la sanidad o educación pública que llegan a ser hasta un 30% menores a las cantidades per cápita de que disponen otras regiones. En los años de vino y rosas la cosa se resolvía recurriendo a la deuda. Cada vez más deuda. Deuda centrifugada y refinanciada. Pero deuda que era, y sigue siendo hoy día, imprescindible para pagar a los maestros y médicos valencianos a partir de noviembre. Porque con el dinero por habitante que recibimos, sencillamente, no se puede garantizar un nivel prestacional equivalente al del resto de España durante 12 meses al año. Estirándolo mucho da para unos 10. Y los otros dos los pagamos emitiendo deuda. Así es desde hace dos décadas.

La reforma constitucional en curso tiene pues un efecto inmediato para la Comunidad Valenciana. O se modifica sustancialmente el modelo de financiación autonómica y pasamos a recibir una cantidad por habitante equivalente a la del resto del país (lo que no eliminaría totalmente nuestro déficit fiscal pero sí lo paliaría) o los tijeretazos van a ser de órdago. Y van a tener que ser más duros que en otras regiones. Porque, sencillamente, el actual modelo de financiación autonómica vigente en España considera que es justo que los valencianos recibamos menos dinero para nuestra sanidad y nuestra educación que otros españoles. Dado que no tiene pinta de que este problema específico de algunas Comunidades Autónomas preocupe demasiado en Madrid, toca confiar en que no tardemos desde aquí otros 20 años, como con el Corredor Mediterráneo, en darnos cuenta de la tomadura de pelo. El espectacular silencio de nuestros representantes sobre esta cuestión no augura, sin embargo, nada bueno.

El blog de Andrés Boix Palop en: www.elpais.com/espana/cvalenciana