Castilla-La Mancha dice que su déficit es mayor que lo que certifica Salgado

El Partido Popular insiste: el déficit de Castilla-La Mancha, que el Ministerio de Economía y Hacienda cifró este jueves en el 4,16% de su PIB (el más alto de España), es aún más elevado: del 6,4%. Porque, según el Gobierno de María Dolores de Cospedal, el anterior presidente, el socialista José María Barreda, dejó 829 millones de euros en "facturas pendientes de contabilizar" y eso engorda el déficit contabilizado, que es el que da el ministerio. Cospedal reiteró ayer que la cifra real es la del 6,4%. El secretario de Estado de Hacienda ha citado al responsable económico de esa comunidad la semana que viene para saber cómo piensa llegar en los apenas tres meses que quedan para final de año al objetivo del 1,3.

Los responsables de la consejería ya no hablan de facturas ocultas

Afirman que la comunidad tiene 2.600 millones pendientes de pago

Los populares responden así al portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que el mismo jueves acusó a la presidenta de mentir. "Los datos oficiales han acabado por demostrar que las mentiras y las exageraciones de De Cospedal sobre el déficit de Castilla-La Mancha sólo perseguían un objetivo: justificar sus recortes, que son el mayor ataque contra los servicios públicos de Castilla-La Mancha", dijo. El dato oficial del 4,16% quedaba, señaló, "muy, muy lejos de las cifras que dieron en su día la señora De Cospedal y su Gobierno".

El consejero de Empleo y portavoz del Ejecutivo autonómico, Leandro Esteban, había soltado el 19 de julio la cifra del 6,4%, y el PSOE lo negó. "Entonces teníamos razón y hoy la seguimos teniendo", apuntó Guijarro el jueves, tras la comparecencia de la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

El PP, sin embargo, se reafirma en su cifra del 6,4%. La explicación, según fuentes del equipo de Cospedal, es la siguiente. Cuando el nuevo Ejecutivo de Castilla-La Mancha se puso a mirar el estado de cuentas que dejaba el anterior comprobó que había 4.529 millones de euros de "gastos reconocidos" a 30 de junio de 2011: gastos ya contabilizados, aunque no necesariamente pagados en su totalidad. Pero había también 829 millones de pagos "pendientes de reconocer", es decir, "no contabilizados", según aseguran fuentes de la Consejería de Hacienda.

De ese monto, 474 millones eran facturas registradas aunque aún no contabilizadas; otros 304 millones estaban pendientes de registrar; y había también 52 millones de gastos aprobados cuya factura aún no había sido elaborada. "No es que las facturas estuviesen escondidas en los cajones, pero tampoco estaban contabilizadas", precisa ahora un alto cargo del equipo de Cospedal.

Eso no es lo que dijo el PP cuando llegó al Gobierno: el coordinador de Economía del PP, Marcial Marín, declaró en junio que el equipo de Barreda había dejado "2.000 millones en facturas impagadas" y sugirió que se habían ocultado. "Incluso sabemos que se están destruyendo facturas", afirmó. "Eso pertenece al ámbito de la batalla política y nosotros no entramos. Lo que sí sabemos es que hay 829 millones de euros en gasto no contabilizados, y eso no lo ha tenido en cuenta el ministerio para calcular el déficit, aunque les enviamos las dos cifras", sostienen en la actual consejería.

El pasado 22 de julio, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya respondió a esa reclamación: afirmó que en los documentos aportados por el Gobierno de Cospedal "hay mezcladas cantidades de muy diversa índole", y subrayó que ni siquiera venía firmado por el interventor de la Junta.

Los responsables de la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha señalan que su máximo problema es el pago a proveedores -algo común a todas las comunidades-. Hay, sostienen, 1.777 millones en gasto reconocido y pendiente de pago, el 56% correspondiente a servicios o suministros realizados antes de enero de 2011. "Y a eso hay que añadir los 829 millones, así que el total pendiente de pagar es de 2.600 millones", prosiguen. "El suministro de luz lleva sin pagarse desde marzo, igual que el gas y el combustible; los medicamentos que las multinacionales suministran a los hospitales, desde octubre de 2010; la limpieza, desde febrero de este año; las ambulancias, desde marzo; las residencias, desde marzo...", enumeran los responsables de la consejería.

En otras comunidades ocurre lo mismo. Incluso en aquellas en las que no ha habido cambio de color en el Gobierno tras las elecciones autonómicas del 22-M.