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Columna
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Recortes educativos

Los recortes educativos son odiosos, posiblemente los más odiosos de todos los que pueden hacerse, ya que no hay ningún otro que marque tanto la vigencia del principio de igualdad, en la medida en que no solo afecta al hoy sino también al mañana. Una sociedad que recorta en educación no es solo una sociedad que en ese momento se está haciendo menos igualitaria, sino que está abriendo un camino para que la desigualdad progrese. Dependiendo del tiempo en que se prolongue la política de recortes y la intensidad de la misma, la brecha de la desigualdad en el interior de la sociedad puede convertirse en difícilmente reversible.

Quiere decirse, pues, que los recortes educativos son recortes estratégicos, recortes que marcan de manera duradera a la sociedad que los pone en práctica. Porque son recortes que no solamente desmoralizan a los profesores que trabajan en ella, sino que además inoculan a los alumnos el virus del desprestigio de lo público. En el proceso formativo del individuo como ciudadano el derecho a la educación es el momento clave. El primer contacto consciente que tiene cada individuo con lo público lo tiene a través de la escuela en el sentido más amplio del término. A través de la valoración que la sociedad hace de la escuela el individuo percibe e interioriza un respeto por lo público o todo lo contrario.

Esta es una de las consecuencias más graves de los recortes educativos: el desprestigio de lo público, el desprestigio de la acción del Estado, entendiendo por tal a la totalidad de los poderes públicos. El niño o la niña que no ha podido ejercer el derecho a la educación en los términos en que debería haberlo ejercido, es muy difícil que pueda posteriormente como ciudadano tener confianza en y respetar la acción del Estado. El Estado le falla en el momento decisivo de su proceso de formación como ciudadano y le transmite subliminalmente, o no tan subliminalmente según la intensidad del recorte, la prevalencia de lo privado sobre lo público.

Hace algo más de un año se inició por parte del Gobierno de la nación una política de recorte del gasto público como forma de evitar que el país cayera en la insolvencia y, como consecuencia de ello, tuviera que ser rescatado. Esa política de recorte ha dejado de ser una opción, para convertirse en una necesidad a la que ningún gobernante, sea estatal, autonómico o municipal, se puede sustraer. La opción se ha circunscrito a decidir en qué se va a recortar y en qué no se va a recortar.

Aunque todavía no disponemos de la información apropiada para poder tener una opinión solvente, parece que hay algunas comunidades autónomas que están optando por hacer recortes educativos mientras que hay otras, entre ellas, Andalucía, que no lo están haciendo.

Obviamente, si no se hacen recortes en educación habrá que hacerlo en otras partidas presupuestarias, porque el objetivo de déficit es irrenunciable. Para poder opinar sobre la política que sigue cada una de las comunidades autónomas y después del 20-N el Gobierno de la nación, independientemente del partido que gane las elecciones, aunque con más motivo si hay cambio en la dirección política del Estado, habrá que esperar a tener los presupuestos de todas ellas, y comprobar en dónde se han producido los recortes y en dónde no se han producido.

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En principio, el hecho de que en Andalucía no se vayan a producir recortes educativos y que se esté diferenciando en estos de otras comunidades autónomas me parece que debe ser valorado positivamente. Habrá que esperar a ver todas las partidas presupuestarias, pero este botón de muestra me parece altamente significativo.

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