El Gobierno alega que la ley Municipal no vulnera "ni un artículo" del Estatuto

El Gobierno vasco da por sentado que su proyecto de ley Municipal supondrá una batalla jurídica con al menos una de las Diputaciones ante la Comisión Árbitral, órgano encargado de dirimir los conflictos entre instituciones en Euskadi. El Ejecutivo cree tener "suficientes argumentos jurídicos" para que el texto reciba un dictamen favorable, argumentando que respeta lo estipulado en el Estatuto de Gernika y se ajusta a lo planteado por la comisión en su dictamen anterior. Álava y Bizkaia, entonces gobernadas por el PNV, impugnaron el proyecto que el Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe presentó a finales de la pasada legislatura.

"Tenemos argumentos. Reto a que me digan un solo artículo del Estatuto vulnerado por el proyecto de ley", afirmó ayer el secretario general de Presidencia, Manuel Salinero, en un encuentro con la prensa. En cambio, recalcó, el texto sí vulnera la actual Ley de Territorios Históricos (LTH), que regula las relaciones entre las instituciones comunes y forales, pero sus redactores han tenido en cuenta lo que la Comisión Arbitral dijo entonces: cualquier modificación de la LTH debe hacerse dentro de la propia ley y no a través de otro cambio normativo. El proyecto, añadió, solo decaería si la comisión entiende que se ha vulnerado el estatuto.

El secretario de Presidencia afirma que el PP no quiso poner sus líneas rojas

"Afrontamos la negociación con voluntad de acuerdo y flexibilidad", añade

Bizkaia, gobernada por el PNV, ha adelantado su intención de impugnar el texto del Gobierno, que recorta los poderes forales en el reparto de la financiación de los ayuntamientos. Álava, en manos del PP, ha dejado su decisión final para más adelante, mientras que el ente foral guipuzcoano, gobernado por Bildu, aún no se ha pronunciado.

La nueva comisión arbitral está constituida desde finales de 2010. Está encabezada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, con tres vocales nombrados por el actual Gobierno -Emilio Guevara, exdiputado general de Álava, y los catedráticos de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren y Eduardo Vírgala- y los tres designados por las Diputaciones cuando estaban en manos del PNV: Andrés Urrutia (Bizkaia), el catedrático de Derecho Administrativo José Manuel Castells (Gipuzkoa) y Juan Ramón Guevara (Álava), hermano de Emilio Guevara.

Los recursos podrían retrasar la tramitación entre dos y tres meses y postergarla hasta principios de 2012, añadió Salinero. El proyecto será calificado por la Mesa de la Cámara la próxima semana.

Salinero relató varios detalles sobre la gestación del texto. Tras recoger gran parte de las aportaciones de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, en el primer borrador presentado a finales del pasado año, plantearon al PP que señalara los aspectos en los que discrepaba: "Le ofrecimos que pusiera líneas rojas y no quiso". "Entiendo que quieren sentirse más libres para negociar ahora en el Parlamento y me parece muy bien. Nosotros afrontamos la negociación con voluntad de acuerdo y flexibilidad, siempre sin desvirtuar una ley que reconoce la mayoría de edad de los municipios y les garantiza una financiación suficiente", añadió.

Salinero recalcó que el objetivo del trámite parlamentario es conseguir un "amplio consenso" que incluya tanto a populares como a peneuvistas. El PP vasco, que advierte de que la ley Municipal no puede servir para "pegarle un viaje a las Diputaciones" y sus competencias, clarificará su posición la próxima semana. Quedará por ver si el grupo parlamentario del PNV se alinea con la postura contraria de la Diputación de Bizkaia. Bildu, primera fuerza en número de concejales en Euskadi, apenas cuenta con un parlamentario a través del representante de EA, Juanjo Agirrezabala.