El Gobierno aplaza sin fecha la apertura pública de la isla de Toralla

La isla de Toralla, en Vigo, seguirá sine die cerrada al tránsito público porque, según aduce ahora el Gobierno, está "pendiente de aprobación el crédito para contratar la redacción del proyecto" que lo permita. "La contratación se producirá cuando exista disponibilidad presupuestaria", responde el Ejecutivo a la pregunta parlamentaria de Olaia Fernández Davila, diputada del BNG que lleva años formulándolas para conocer las razones de una demora aparentemente injustificada. Ahora, según parece, la culpa la tiene la crisis, que impide aplicar al efecto una asignación de 56.637,81 euros.

El Ejecutivo señala ahora a la misma diputada que el proyecto de apertura al tránsito de la isla de Toralla está paralizado porque "las reducciones presupuestarias para el año 2010 impidieron aprobar el crédito para la contratación de la redacción" [del proyecto]. El nuevo argumento contrasta con lo que dijo el mismo Gobierno hace unos meses.

Las prescripciones técnicas para el plan fueron aprobadas en 2008

"La contratación se producirá cuando haya disponibilidad presupuestaria"

Al hilo de una información publicada por EL PAÍS el pasado mes de abril, el Ministerio de Medio Ambiente, del que depende el asunto, remitió a este periódico una "nota aclaratoria" -después de hacer oídos sordos a la petición de información para elaborar la noticia- en la que explicaba que la apertura de la isla al tránsito público "presenta una gran complejidad derivada de las numerosas construcciones que han ocupado el borde litoral de la isla (muros de defensa, edificaciones de todo tipo) e impiden el acceso a la costa".

Los técnicos del ministerio, añadía la nota, estaban estudiando "consensuar un acuerdo para liberar el dominio público y la servidumbre de tránsito y así llevar a cabo una solución acorde con la Ley de Costas, antes de seguir adelante con el contrato de servicio para redactar el proyecto". La nota no hacía la menor alusión a que la demora tuviera causa en las reducciones presupuestarias aplicadas al ejercicio de 2010.

El propio Gobierno informó hace tres años, en junio de 2008, que se había aprobado el pliego de prescripciones técnicas para redactar el proyecto y que el importe asignado al efecto sería el citado de 56.637,81 euros que, según la última explicación, han sido retrosuccionados para contribuir a la solvencia del Estado.

Tampoco fue esa la respuesta que Medio Ambiente facilitó a Fernández Davila, a finales del año pasado, cuando la diputada se interesó por la desaparición de la partida asignada al proyecto en los Presupuestos del Estado de 2011. Entonces se le respondió que la misma iba incluida en una asignación genérica para la regeneración de toda la costa.

"Todo apunta a disculpas", comentó ayer Fernández Davila. Desde luego, ese turbio vaivén de las explicaciones gubernamentales no responde al más auténtico clamor popular, expresado en manifiestos e incluso algún festivo asalto pirata a la isla, que reivindica desde hace décadas el acceso público a Toralla. De las protestas que suscitó su urbanización ya comenzó a dar cuenta este periódico en 1976.

La isla, de cinco hectáreas y 1.386 metros de perímetro, fue comprada por una inmobiliaria, Toralla SA, que promovió la construcción de una torre de 20 plantas y 70 metros de altura que alberga 135 viviendas y 32 chalés sobre dos yacimientos arqueológicos de la época romana. La promotora construyó a su vez el puente de 200 metros que comunica la isla con el continente, concretamente con la playa de O Vao, ahora en fructífero proceso de regeneración después de haber sido ocupada por un complejo de campos de fútbol que dio importantes réditos políticos al concejal Antonio Nieto Figueroa, Leri, aún muy recordado en Vigo.

La presión popular sobre Administraciones y propietarios y, sobre todo, una sentencia del Tribunal Supremo, logró hace unos años abrir al uso público el puente y la playa que su propia construcción convirtió en dos pequeñas calas. También, con el consentimiento de los propietarios, se construyó hace siete años, en el oeste de la isla, la Estación de Investigacións Mariñas de la Universidade de Vigo, que eligió ese emplazamiento por la singular calidad de sus aguas, la mejor de la ría, para los objetivos investigadores. Pero las presiones se fundamentan, más que nada, en la Ley de Costas, que fija el dominio público marítimo terrestre en 100 metros desde la línea litoral, una franja inalienable por mandato constitucional.