La ideología del déficit público

El reciente acuerdo en el Congreso de los Diputados entre los grupos mayoritarios para buscar la fórmula que permita incluir en nuestra Constitución algún tipo de regla que limite el déficit público ha reavivado el debate sobre las implicaciones de este tipo de limitaciones. En particular, el voto en contra de los grupos a la izquierda del PSOE se apoya en una supuesta connotación izquierdista del déficit público, idea que me propongo rebatir aquí.

En materia fiscal, la progresividad de un gobierno viene dada básicamente por cómo recauda y cómo gasta, y de si la distribución real del bienestar, de la renta y de las oportunidades de mejora de los ciudadanos es más o menos igualitaria gracias a la acción pública. El déficit público no redistribuye recursos entre individuos con distintos niveles de renta, sino entre distintas generaciones, ya que supone un gasto hoy financiado con cargo a impuestos futuros. Por supuesto, puede haber motivos para incurrir en déficit, y entre ellos está el de construir infraestructuras que también quedarán como beneficio futuro; pero, en un momento en el que muchos jóvenes se quejan de tener expectativas de bienestar económico inferior al que han disfrutado sus padres, no parece que la progresividad del déficit público así entendida sea ni mucho menos evidente.

Hace 30 años, Reagan cambió la propensión al gasto de la izquierda por el déficit de la derecha

El déficit público debe seguir teniendo su papel en la gestión del ciclo económico

Es posible que la historia económica de una cierta época alentara esa consideración progresista del déficit, porque tanto en Europa como en Estados Unidos eran los gobiernos de izquierdas los que, a través de su propensión al gasto social, incurrían en déficit. Pero hace ya 30 años que Ronald Reagan cambió esa dinámica, por el simple mecanismo de generar "déficit de derecha", recortando impuestos a las rentas altas. Los también republicanos Bush -padre e hijo- mejoraron la técnica y dejaron a sus sucesores demócratas situaciones presupuestarias envenenadas.

El debate, por tanto, debería centrarse en cómo surge el déficit y cómo se lucha contra él cuando una de las dos partes lo considera excesivo. Porque cabe recordar que el déficit es cosa de dos: el que gasta más de lo que recauda, y el que financia ese exceso de gasto. Puede que el conjunto de los ciudadanos considere que no es razonable endeudarse más, o puede que sean los prestamistas los que no lo consideren razonable y se muestren remisos a financiarnos, lo que no les convierte en culpables porque no deja de ser su dinero el que prestan.

El Gobierno de España incurrió en un fuerte déficit al inicio de la crisis por el efecto fundamentalmente de los estabilizadores automáticos: menos recaudación y más gasto en protección por desempleo que en conjunto explican el 75% del déficit generado. Como su nombre indica, ese déficit contribuye a estabilizar la economía de manera automática y cuya limitación, una vieja aspiración del PP ya recogida en su Ley de Estabilidad de 2001, sería contraproducente. El otro 25% de déficit se debió a políticas discrecionales diseñadas para reducir el fuerte impacto de la contracción sobre la actividad y el empleo: lo permitía el superávit acumulado durante los años 2005, 2006 y 2007 (los únicos superávit en toda la democracia, por cierto), lo aconsejaban los expertos internacionales y seguramente la opinión pública nacional no hubiese entendido la ausencia de medidas enérgicas en aquella etapa. Tras esa primera fase, la profundidad de la crisis aconsejó reconducir la evolución del déficit, y las medidas más inmediatas para ello van ligadas a la reducción del gasto. El Gobierno lo ha hecho y ahora son las comunidades autónomas las que están en el centro del debate, porque algunos de sus dirigentes siguen sin asumir las responsabilidades que les corresponden como principal institución de gasto del sector público español.

El déficit público, antes y después de la reforma propuesta, debe seguir teniendo su papel en la gestión del ciclo económico: ya lo tenía en la vigente Ley de Estabilidad de 2006, y trasladar su contenido a la propia Constitución puede interpretarse más como una salvaguarda de dicho papel que como una amenaza. De hecho, las amenazas reales a la capacidad del Estado para estabilizar la economía vienen tanto de los apóstoles del déficit cero a toda costa como del traslado inconsciente de cargas al futuro que terminan por hipotecar no solo ese futuro sino la capacidad de gestión del presente.

Podemos concluir reafirmando el papel de la ideología en la política económica, porque hay maneras diferentes de crecer y de repartir los costes y los beneficios de ese crecimiento. Por ejemplo: el otro gran debate actual acerca de la recuperación de algún tipo de gravamen sobre grandes patrimonios que permita hacer más justo el reparto de los costes de la crisis, sin perjudicar nuestro potencial de crecimiento, y frente a medidas como el copago u otros recortes sociales.

Pedro Saura García es director general de SEPES y profesor de teoría económica de la Universidad de Murcia.