¡Reformemos la Constitución!

Es una buena idea que la Constitución establezca el principio de equilibrio financiero del Estado, del conjunto de las Administraciones públicas, para evitar déficits excesivos y un endeudamiento que obliga a pagar elevados intereses a los especuladores.

Pero esa reforma debe ir acompañada de garantías de que la limitación del déficit no va a lograrse a costa de los derechos fundamentales a la educación, a la sanidad, a la cultura, a un ambiente saludable, etcétera.

La salida a la actual crisis económica no puede buscarse en medidas de desprotección social "que nos hagan más competitivos para crecer más y crear más empleo", sino en sentar las bases de una cooperación social orientada a promover una economía verde, sostenible y solidaria.

Y esto es perfectamente posible si por encima de un cierto nivel de ingresos y con carácter progresivo todos colaboramos, vía impuestos, no solo para que nadie se vea desprotegido, sino para impulsar los cambios necesarios en el sistema productivo.

La reforma propuesta de la Constitución debería dejar claro el papel de una fiscalidad justa en la reducción del déficit y, sobre todo, en garantizar derechos que individualmente nunca estarían al alcance de la mayor parte de la ciudadanía.