La Xunta apoya que Madrid no pague a municipios sin auditar
"No ayudaremos a los alcaldes que incumplan sus obligaciones", dice Presidencia
Los alcaldes que por no liquidar sus cuentas de 2010 en plazo dejarán de recibir ingresos del Estado ya en octubre no han encontrado consuelo en la Xunta. Por más que algunos regidores del PP hayan intentado contactos informales para que la Administración autonómica mediase ante el Gobierno central, se han encontrado las puertas de la Consellería de Presidencia cerradas. El departamento de Alfonso Rueda, que ultima un decreto para que los ayuntamientos sin fiscalizar queden fuera de todas las líneas de ayudas del Ejecutivo gallego, no está por dar coartadas a los regidores que no pongan orden en su contabilidad.
El director general de Administración Local de la Consellería de Presidencia, Norberto Uzal, afirmó ayer a este periódico que "la Xunta no va a defender a ayuntamientos que incumplen obligaciones con las cuentas públicas". El popular aseguró que el Gobierno gallego no ha recibido ninguna "solicitud oficial" de mediación por parte de los ayuntamientos afectados pero que, en todo caso, la apuesta de la Xunta es que las cuentas se rindan con la máxima transparencia y rigor.
Economía dirá esta semana a qué ayuntamientos retendrá ingresos
Acuciado por las deudas, Mondoñedo tendrá dificultades para pagar nóminas
Sin embargo, Uzal matizó el apoyo del Ejecutivo gallego a Madrid al señalar que el Ministerio de Economía no actúa con el mismo rigor que demanda a los ayuntamientos cuando elabora sus propios presupuestos y decide la participación de los ingresos que destina a cada municipio. El director general acusa al Gobierno socialista de anticipar en ingresos a los municipios una cantidad superior a la que recaudan, motivo por el cual, cree que los ayuntamientos gallegos han registrado unha liquidación negativa en los últimos dos ejercicios, lo que le obligará a devolver fondos al Estado.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía sigue actualizando el censo de municipios que no liquidaron las cuentas de 2010 dentro del plazo establecido, que expiró el 30 de julio tras la prórroga concedida por este departamento. El gabinete de la vicepresidenta Elena Salgado admite que de los 105 ayuntamientos gallegos incluídos en el último listado oficial, publicado el pasado 6 de julio, cerca de la mitad habría presentado sus cuentas antes de agosto, fecha límite para efectuar el trámite. Entre los que no han hecho los deberes, se encuentran más de 30 ayuntamientos, entre ellos algunos de mediano tamaño. De ellos, Mondoñedo es el que está en una situación más delicada.
Con tan solo 4.400 habitantes y un presupuesto de poco más de cuatro millones de euros, la retención de los ingresos procedentes del Estado sumará nuevas dificultades a su ya maltrecha economía. Su alcalde, el nacionalista Orlando González, asegura que además de la caída en la recaudación tributaria, provocada por la continua pérdida de población, Mondoñedo no tiene ingresos ni por licencias de obras. Las arcas municipales dependen basicamente de los ingresos que recibe de las distintas administraciones: cerca de 50.000 euros mensuales procedentes del Estado, unos 19.000 euros de la Xunta y otros 40.000 que adelanta la Diputación por la recaudación de tributos que le ha delegado el municipio. Unos ingresos que no llegan para cubrir los 130.000 euros mensuales que desembolsa para pagar la nómina de las 85 personas en plantilla. Por este motivo, el regidor del Gobierno bipartito mindoniense admite que la retención de los ingresos del Estado provocará "problemas para pagar a los trabajadores y los proveedores".
Aunque no escurre el bulto, el nacionalista asegura que se trata de un problema heredado de la gestión del anterior gobierno municipal del PP, una situación que se repite en otros municipios gallegos como Nigrán, Marín o Ames. Un portavoz oficial del Ministerio de Economía aseguró ayer a este periódico que en esta semana facilitarán la relación definitiva de los ayuntamientos que incumplieron la Ley de Economía Sostenible y que ven peligrar sus ingresos.
"Desconocer la la ley no exime de su cumplimiento"
En términos semejantes a la Xunta, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Carlos Fernández, se muestra comprensivo con la decisión del Ministerio de no transferir fondos a los ayuntamientos que no liquiden sus cuentas dentro de plazo. Y eso a pesar de que él mismo, como alcalde de Ames hasta el pasado, tampoco cumplió con dicha obligación, lo que ha llevado a su municipio a estar en la lista de los que no recibirán fondos del Gobierno hasta que se ponga al día, como se encarga de recordar su sucesor, Santiago Amor, del PP.
En declaraciones a este periódico, Carlos Fernández admitió que, aunque algunos regidores contactaron con la Fegamp, se trata de una obligación que existe con anterioridad a la Ley de Economía Sostenible, que introduce la novedad del castigo por parte del Ministerio de Economía. "La penalización es una forma de presión. Antes, los ayuntamientos que no hacían sus deberes no podían solicitar determinadas ayudas. Ahora, el Estado les retiene temporalmente sus ingresos". Por este motivo, y en referencia a las quejas realizadas por algunos alcaldes sobre las formas del ministerio, del que aseguran no haber recibido notificación oficial alguna, el representante de los alcaldes subraya que "el hecho de desconocer una ley no exime de su cumplimiento".
Fernández reconoce que muchos gobiernos tendrán dificultades para afrontar los gastos. Admite que sin los fondos procedentes del Estado les será difícil resistir. En el epílogo de su mandato al frente de la Fegamp sigue insistiendo en que es necesario un nuevo modelo de financiación de los ayuntamientos que no pueden atender ya el coste de haber asumido un tercio de las competencias que no le corresponden a las entidades locales pero que no prestan otras administraciones.
