Asomarse al abismo

La recesión económica se lo lleva todo. Lo último: dos partidos, CiU y el PCE, este último hoy dentro de IU, que votaron la Constitución de 1978, no se sumarán a esta reforma de la Ley Fundamental para introducir la estabilidad presupuestaria, promovida por el PSOE y el PP, según certificaron ayer en el Congreso los portavoces de ambos partidos, durante el debate de su toma en consideración. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, supo darle a su intervención el tono dramático suficiente como para conmover al respetable.

Pero, aunque Duran (CiU) y Gaspar Llamazares (IU) alegaron cuestiones formales para desmarcarse de esta reforma constitucional —no se les consultó la iniciativa, pactada previamente entre Zapatero y Rajoy—, tampoco la hubieran apoyado aunque el proceso previo de negociación hubiera sido impoluto. Plantearon objeciones de fondo que no pueden superarse en una negociación previa a la votación del viernes.

El principal argumento de IU, ERC y otros partidos del Grupo Mixto para rechazar la reforma fue la reclamación de un referéndum sobre la misma. Una petición que no pueden aceptar sus promotores —PSOE y PP— porque eliminaría el principal efecto de la reforma, su rapidez. Fue precisamente esta —la cuestión del referéndum— una de las cuestiones a las que más tiempo tuvo que dedicar el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la jornada maratoniana del martes que dedicó a dirigentes y parlamentarios socialistas.

Zapatero, primero, y después Rubalcaba, creen absolutamente necesaria una reforma rápida, materializada en septiembre, para que tenga efecto frente a los mercados financieros ante un otoño que se teme muy turbulento. Esta decisión se contradice abiertamente con una reforma ampliamente debatida y luego rubricada en un referéndum.

Tanto Zapatero como Rubalcaba consideran que España vive una situación de excepcionalidad. Lo que hubiera sido impensable hace tan solo meses, e incluso semanas, ahora es posible, se oye estos días en La Moncloa y en el PSOE.

Ya lo era antes. Pero después de este mes de agosto, más. La gran obsesión de Zapatero en su etapa final de Gobierno es evitar, por encima de cualquier otra eventualidad, que España sea intervenida, como ha sucedido con Irlanda, Portugal y Grecia. Para Zapatero, una intervención de España sería el mayor golpe para el Estado de bienestar. Y las convulsiones financieras del mes de agosto han sido un aviso.

A este objetivo supremo de Zapatero se pueden sacrificar objetivos electorales —Rubalcaba ha sufrido un serio handicap en su planificada campaña del 20-N— o tensiones territoriales, como las manifestadas ayer por los partidos nacionalistas.

Zapatero vio este agosto las orejas al lobo de la intervención cuando la prima de riesgo española batió todos los récords al subir por encima de los 400 puntos. Una situación así no se podía sostener en el tiempo. Y algún tipo de intervención fue que el Banco Central Europeo comprara deuda española, en ese mismo momento, para rebajar la tensión financiera.

Ahí fue fraguando Zapatero la reforma constitucional para introducir la estabilidad presupuestaria como respuesta política contundente frente al ataque de los mercados financieros a la economía española y para blindarse mejor ante otros posibles ataques.

Ayer, los partidos nacionalistas y los del Grupo Mixto no vieron esa urgencia y gravedad. Los minoritarios adujeron como principal argumento para no apoyar la reforma el rechazo a la celebración del referéndum. Los nacionalistas añadieron otros más de contenido territorial.

Así, CiU reclamó que la reforma constitucional recoja la autonomía financiera para los parlamentos autonómicos, cuando el pacto PSOE-PP considera básico un compromiso de las comunidades autónomas, tasado en la Ley Orgánica que acompaña a la reforma. El PNV reclama nada menos que la introducción del derecho a la autodeterminación en la Constitución.

La política de prevención para evitar una intervención, que implica la propuesta de reforma constitucional, impulsada por Zapatero y Rajoy, asumida por Rubalcaba y defendida ayer, con cierto dramatismo por el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, no fue tenida en cuenta por los partidos nacionalistas ni por los minoritarios.

Lo que se vislumbró en el Congreso es la gran diferencia entre quienes se han asomado al abismo de la recesión este verano y quienes han sobreactuado ante la cercanía de las elecciones del 20-N, minimizando el impacto de una reforma constitucional que, además de todo, perjudicaba a sus intereses partidarios.