Giro radical a un año de las elecciones en México

La reunión convocada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, con Sacyr y Pemex, tenía un cuarto invitado de honor: el embajador de México en España, Jorge Zermeño. La razón no es que se le quisiera dar un tono diplomático sino el carácter profundamente estatal de Pemex y su sujeción al Gobierno de turno.

El monopolio mexicano es el socio industrial más antiguo de Repsol, y como tal, ha permanecido dormido en su accionariado sin cuestionar nunca la gestión. Por eso, a muchos analistas, les ha sorprendido un movimiento tan agresivo como su pacto con Sacyr.

Además de su incómoda posición como accionista, el movimiento le va a suponer un fuerte desembolso. Se ha comprometido a ampliar su participación en el plazo máximo de un mes en un 5%, hasta el 9,8%. A precios de ayer, con una capitalización de 24.026 millones, esa operación le supondrá un gasto de 1.200 millones. Los analistas también cuestionan porqué ha anunciado esa operación sabiendo que dispararía la cotización, encareciendo su desembolso.

Tampoco queda claro el por qué del momento elegido, ya que la operación se produce a menos de un año de los comicios presidenciales en México, que tendrán lugar el 1 de julio de 2012. La influencia política en Pemex ha sobrevivido a la salida del PRI de la presidencia mexicana en 2000. Sus directivos cumplen un periodo acorde con las elecciones en México y los cambios en el Gobierno.

Monopolio estatal

Pemex, un monopolio estatal fundado en 1938 por Lázaro Cárdenas, aporta el 7,7% del PIB mexicano (hace cuatro años era casi un 10%) y genera una enorme cantidad de empleos directos e indirectos en el país, de cerca de 27.000 millones de euros.

Su sindicato (Sindicato de Trabajadores Petroleros) es uno de los más poderosos de México y, durante años, la compañía fue manejada bajo intereses políticos. De ahí su "urgente necesidad de modernizarse", explica Alberto Bello, director editorial de Negocios y Noticias de grupo Expansión, de México. "Pemex no tiene la capacidad de buscar y explorar las reservas de México".

El acuerdo pone sobre la mesa, de nuevo, la necesidad de una reforma energética que permitiría a compañías extranjeras operar directamente en la exploración de crudo en el país, un tabú para la sociedad mexicana. La Constitución dice que la explotación del petróleo debe de ser exclusiva de la nación y distintos Gobiernos han intentado, sin éxito, una reforma.