El PP quiere limitar la relación de la familia de los altos cargos con la Junta

La competición que han emprendido PSOE y PP para ser los primeros en transparencia, calidad democrática y austeridad ya cuenta con el marco legal de cuatro proposiciones de ley en el Parlamento andaluz para su acelerado debate y aprobación antes de que termine la legislatura. La semana pasada los socialistas registraron dos proposiciones de ley, y ayer el PP hizo lo propio y presentó otras dos. En muchos puntos son coincidentes -las iniciativas del PSOE implican la reforma de cuatro leyes, y las de la oposición, cinco-, si bien cada partido ha endurecido las medidas allí donde creen que van a fastidiar más al adversario.

El PSOE introdujo en las suyas que los diputados cobren de manera exclusiva y obligatoria el sueldo por su función en la Cámara, y no puedan percibir nada por otras actividades públicas o privadas, incluido el dinero procedente de sus formaciones políticas. Una situación más frecuente en las filas populares que en las socialistas. También que sea incompatible ejercer simultáneamente el puesto de alcalde y diputado (el PP cuenta con 17 parlamentarios que son regidores, entre ellos los de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Jerez, Fuengirola o Marbella).

Sanz: "Apostamos por la austeridad como acción ejemplarizante"

El PP respondió ayer con una amplia batería de propuestas que afectan a los familiares directos (cónyuge, padres, hermanos e hijos) de los altos cargos. A saber: que no puedan contratar con la Administración, salvo por concurso público; que no puedan ser nombrados para ningún puesto de libre designación; además de la obligatoriedad de comunicar en la declaración de actividades, bienes e intereses de los cargos y diputados cualquier contrato o la relación laboral de un pariente con la Junta.

Según explicó ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, las incitativas de su partido cierran igualmente la puerta a los políticos en las cajas de ahorro y los parques naturales, y les prohíbe a los altos cargos contratar con la Administración en su ámbito de competencias hasta cinco años después del cese.

El PP quiere que no solo los diputados cuelguen en Internet las declaraciones de la renta, sino también los altos cargos y los directivos de las empresas públicas, que se deroguen las cesantías (indemnizaciones tras los ceses), y que los directores generales sean funcionarios. También que los parlamentarios comuniquen a la Cámara lo que reciben de sus partidos para gastos de representación, manutención, alojamiento o dietas. Todo en el plazo de dos meses desde el fin del ejercicio presupuestario.

Sanz llamó a todas estas medidas "plan de regeneración democrática", cuyo eje es "la austeridad como acción ejemplarizante". En el plano más político, los populares han añadido normas como que el Gobierno andaluz nunca tenga más de diez consejerías, la limitación de mandato de los presidentes a ocho años, que las elecciones autonómicas no coincidan jamás con cualquier otra convocatoria o la celebración de dos debates anuales en el Parlamento, uno del estado de la comunidad y otro nuevo de balance a final de año.

Para que sea posible introducir esta reforma, es necesario tocar cinco normas: ley de Incompatibiliades de Altos Cargos de la Administración, la ley Electoral, la ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma, la ley de Iniciativa Legislativa Popular y la ley de Administración de la Junta.

El dirigente popular aseguró que la aspiración de su grupo es buscar el consenso con PSOE e IU, aunque anunció que la determinación de llevar a los tribunales la incompatibilidad de los alcaldes y los diputados (pactada por PSOE e IU) sigue en pie, así como las movilizaciones en la calle y el calendario de los actos de protesta de los regidores.