"No tengo para comer mañana"

"Soy de Bilbao de toda la vida. La gente piensa que los de aquí no tenemos problemas, que es cosa de los de fuera, pero yo no tengo para comer mañana", explica María Dolores, una mujer de 52 años con tres hijos a su cargo. Ayer, mientras narraba su historia a EL PAÍS, retorcía con angustia una de las esquinas de la pancarta tras la que representantes de 13 asociaciones y otro medio centenar de ciudadanos protestaron contra las suspensiones de ayudas sociales.

Divorciada tras ser maltratada por su expareja, María Dolores cobraba hasta hace unos meses la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Entonces dejó de recibirla porque su hija mayor fue contratada durante seis meses "para quitar el polvo" en un edificio. Tras ese periodo, la familia volvió a quedarse sin ingresos, pero la Diputación de Bizkaia denegó a María Dolores la posibilidad de volver a recibir dicha ayuda. "Con 52 años, ¿quién me va a contratar a mí?", se pregunta.

Quienes deben seguir recibiendo la ayuda tardarán tres meses en recobrarla

Su historia refleja la angustia y la incomprensión que genera la retirada de las ayudas sociales en quienes dependen de ellas. Cerca de 1.600 familias de Bizkaia vieron en julio cómo esta ayuda dejaba de llegar a sus cuentas corrientes. ¿La razón? Las prestaciones tienen nuevos criterios desde que en mayo de 2010 el Gobierno vasco aprobó un decreto y la moratoria para adaptar todo el sistema de protección social a las novedades terminó a mediados de junio.

Ayer, coincidiendo con el último día para presentar alegaciones, las 13 asociaciones que revelaron esta eliminación masiva de las ayudas a principios de agosto se concentraron para deplorar un proceso "marcado por las deficiencias y las irregularidades". La Diputación ha iniciado el proceso de extinción de la ayuda a estas familias por considerar que no se acogen a los nuevos requisitos -que no haya más de dos RGI por vivienda o que no tengan otras propiedades más allá de la primera casa, salvo excepciones, entre otros aspectos-. Tras ser notificadas por escrito de este extremo, no han acudido a sus oficinas para justificar que sí lo hacen dentro del plazo establecido, señalan.

Los perjudicados por la medida "han sido sancionados antes de poder ejercer su derecho a alegaciones y recursos", señalaba ayer un portavoz de las asociaciones, quien recordó que la complejidad de los procedimientos administrativos de las prestaciones suponen una dificultad para los perceptores.

Se trata de un procedimiento a su juicio idéntico al usado en diciembre de 2010, cuando el Gobierno ordenó suspender 6.262 ayudas en toda Euskadi, la mayoría en Bizkaia, modo de actuar que le valió a las instituciones un tirón de orejas del Ararteko.

Las organizaciones sociales utilizan datos difundidos por el propio ente foral para censurar el procedimiento: en el 84% de alrededor de 500 casos revisados, estas personas tenían derecho a seguir recibiendo la RGI. La razón, según Alex Hinares, de Argilan, son las excepciones que establece la normativa para permitir un patrimonio más allá de la primera vivienda.

En julio, la Diputación dejó de pagar, pero a quienes en el plazo de alegaciones se les ha vuelto a reconocer el derecho a recibir la ayuda "en el mejor de los casos empezarán a cobrar en septiembre", apuntó Hinares. "Hay gente que va a estar tres meses sin cobrar la prestación a pesar de que tiene derecho a recibirla". Por ello, exigieron que se anule el proceso de extinción de las ayudas y que "se ingrese a todas ellas, hayan presentado alegaciones o no, el importe correspondiente a julio y agosto".