Griñán retoma el perfil reivindicativo de Andalucía frente al Gobierno
El presidente advierte que no renuncia a la "gestión integral" del Guadalquivir
A poco más de dos meses de las elecciones generales, José Antonio Griñán ha retomado el perfil reivindicativo de Andalucía frente al Gobierno central, incluso en asuntos sobre los que se consideraba que ya no había mucho que decir. En la apertura oficial del curso político, el presidente de la Junta anunció que promoverá una iniciativa legislativa autonómica -que se debatirá en la Cámara andaluza y se dirigirá al Congreso de los Diputados- para que Andalucía siga siendo la "protagonista" en la gestión del río Guadalquivir, después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló esta transferencia. La vía que quiere utilizar es el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado delegar competencias a las comunidades a través de una ley orgánica, un camino que la Junta ya exploró al recibir el golpe del Constitucional el pasado marzo, sin éxito. "Andalucía no renuncia a la gestión integral del Guadalquivir", recalcó Griñán, quien anunció también que exigirá al Gobierno 500 millones de euros, cantidad en la que cifra lo que este ha dejado de ejecutar en la comunidad de los Presupuestos Generales de 2008, además de una lista de edificios sanitarios. Por la premura de los plazos, las tres reclamaciones las heredará el Ejecutivo que salga de las urnas el 20-N.
El presidente andaluz hablará de estas peticiones en la reunión de la comisión bilateral Junta-Estado, prevista a finales del mes próximo. El martes pasado, José Antonio Griñán se entrevistó con el vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, para preparar la agenda, lo que da a entender que el jefe del Ejecutivo autonómico ha recibido una especie de visto bueno. Si José Luis Rodríguez Zapatero firma el 26 de septiembre la convocatoria de las elecciones generales, corresponderá al nuevo Gobierno el grueso de la negociación, ya sea del mismo color o de otro.
No obstante, el presidente andaluz aseguró ayer, durante la conferencia de prensa con la que declaró abierto oficialmente el curso político, que no pretende crear ningún conflicto. En lo que se refiere a la principal bandera, la gestión del Guadalquivir, que generará un prolongado debate en el Parlamento andaluz y en las Cortes, Griñán aseguró que únicamente pretende "sumar" al esfuerzo que ha realizado el Gobierno central.
Explicó que el marco que se ha configurado con el decreto de modificación de la Ley de Aguas -aprobado por el Consejo de Ministros en la reunión del viernes pasado-, para que la comunidad pueda desempeñar las competencias de policía de aguas y otras labores, "es un buen modelo para funcionar" a partir de octubre, "pero este proceso no significa el final definitivo ni que Andalucía renuncie a la gestión integral del Guadalquivir", avisó el presidente. Hoy el grupo socialista registrará la iniciativa legislativa autonómica (fórmula que permite elevar propuestas al Congreso de los Diputados) para reclamar la gestión de competencias del río. El camino es el artículo 150.2 de la Constitución, por el que el Estado puede delegar, a través de una ley orgánica, a las comunidades materias de titularidad estatal. "Las Cortes Generales aprobaron el Estatuto prácticamente por unanimidad y vamos a darle la oportunidad, con un texto consensuado en Andalucía, de que se pronuncie también sobre lo que ha de ser el futuro definitivo de la gestión de nuestro gran río", dijo Griñán. La Junta barajó esta misma vía cuando el Constitucional anuló las transferencias.
El segundo frente reivindicativo que se abre con el Estado es la ejecución real de los Presupuestos Generales, una vez hecha la liquidación. El Estatuto de Andalucía (disposición adicional tercera) establece que las inversiones totales en Andalucía deben reflejar el peso de la población, un 17,8%. "En lo consignado en los presupuestos, el Gobierno ha cumplido", explicó el presidente, pero una vez liquidadas las cuentas de 2008 (las únicas que se han ajustado), puede haber un desfase en la ejecución de 500 millones de euros. "Es lo que tenemos que discutir ahora en la reunión bilateral", dijo Griñán.
La tercera pata de la lista de peticiones es el traspaso de edificios sanitarios, que significará una importante aportación patrimonial. La Seguridad Social tiene 98 edificios que Andalucía puede reclamar.
En lo que se refiere a la vertiente interna, el presidente reiteró que su objetivo primordial es crear empleo, y recordó que de las 27 medidas a las que se comprometió en el debate de la comunidad, diez ya están en marcha. El Consejo de Gobierno aprobó ayer destinar 118 millones para obras de mejoras de caminos rurales, que suponen 250.00 jornales. El socialista destacó la "intensidad" legislativa pendiente. El Parlamento debe aprobar siete leyes, que se están tramitando, además del Presupuesto de 2012, y otro cincos proyectos de ley que el Consejo de Gobierno tiene que remitir primero a la Cámara.
La polémica esta servida con las proposiciones de ley del grupo socialista sobre transparencia y calidad democrática, que incluye la incompatibilidad de los cargos de alcalde y diputado. Griñán se mostró partidario de extenderla al Congreso.
Sobre la fecha electoral. El socialista fue tajante: "No me creen nunca, pero no me he planteado ningún adelanto. Lo más probable es que sea en marzo, aunque aún no sé la fecha exacta".
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