Hipotecados y sin crédito
Es un hecho que el principal rasgo diferencial de la crisis económica española frente a la particularizada en la mayoría de las demás economías avanzadas es el elevado endeudamiento privado. Este se encuentra en gran medida asociado a la expansión del sector inmobiliario en la década precedente a la emergencia de la crisis estadounidense que se desencadenó en el verano de 2007. Esas deudas de empresas promotoras y familias fueron canalizadas por el sector bancario. Es en los balances de estas entidades donde se localizan activos (préstamos hipotecarios, créditos a promotores y activos inmobiliarios directos, suelo incluido) de difícil salida. En esos mismos balances se encuentran deudas de distinta naturaleza cuyos vencimientos condicionan la normal viabilidad de cajas y bancos. Estos problemas de liquidez, más los de solvencia derivados de la morosidad de familias y empresas, ayudan a entender la contracción en la oferta de crédito que desde hace varios años sufre el conjunto de la economía española.
Y sin normalización de la actividad bancaria no habrá recuperación sostenida del crecimiento de la economía española. Esto ayuda a entender los esfuerzos de las autoridades españolas por reestructurar y capitalizar el sistema bancario. Los resultados al día de hoy están lejos de ser los pretendidos. Ni la recomposición del censo de cajas de ahorros mediante integraciones ni las salidas a Bolsa de algunos de los bancos resultantes han conseguido un sistema bancario exento de amenazas, que funcione normalmente. La calidad de sus activos, incluido el parque de viviendas terminadas y de obra en curso que se han visto obligados a adjudicarse, sigue siendo un pesado lastre. Es en ese contexto en el que el Gobierno ha decidido de forma sorprendente propiciar la reducción de ese stock de viviendas reduciendo el IVA correspondiente.
Integrada en un decreto con medidas tendentes a controlar el déficit público, se ha incluido la reducción a la mitad del IVA hasta el tipo del 4% a la adquisición de vivienda nueva, solo con vigencia hasta final de año. Se trata de una decisión cuyos efectos serán muy limitados. Desde luego cuando estos se comparan con la magnitud del problema inmobiliario en España. La atonía de la demanda de vivienda no tiene en la fiscalidad su principal impedimento. La jerarquización de los condicionantes sitúa en primer lugar la contracción de la renta de las familias, así como la desconfianza sobre la evolución de la propia economía y el empleo en los próximos meses. Muy vinculado a todo esto se encuentran las muy severas restricciones crediticias. Ese es un mercado, debería saber el Gobierno, estrechamente vinculado a una financiación crediticia que ha dejado de gozar de esa comercialización activa de las propias entidades financieras y de las buenas condiciones del pasado.
Se trata de una decisión que forma parte de esa pretensión por transmitir la impresión de que el Gobierno está hiperactivo en unos momentos tan complicados como los que vive la economía española. Pero no es una medida que sea eficaz. En la hora actual, más importante que la obsesión por adoptar decisiones de forma continua es acertar en su adecuación a la magnitud del problema. No generar falsas expectativas es esencial para que la confianza no se erosione aún más.
