20 millones en bienes de la droga se arruinan bajo custodia policial

Siete años después de su intervención y ya con una sentencia condenatoria por blanqueo de dinero, la venta de los bienes del fugitivo narcotraficante José Antonio Pouso Rivas, alias Pelopincho, tendrá que esperar todavía más. Hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos de apelación que interpusieron los principales testaferros de Pouso Rivas, condenados por la Audiencia de Pontevedra en agosto pasado, el Estado no podrá disponer de este abultado patrimonio, valorado en unos 20 millones de euros cuando fue intervenido por el juzgado de Caldas de Reis, en 2004. Fuentes judiciales calculan que el recurso tardará entre dos y tres años en resolverse.

Fiscales y jueces que intervinieron en el caso de este antiguo camarero de Ribeira convertido en un capo de la droga, asumen que este retraso por imperativo legal repercutirá aún más en el ya deteriorado estado en el que se encuentran algunos inmuebles, casas y pisos con sus enseres. Pero el daño mayor puede ser el de los más de 40 vehículos, la mayoría automóviles de lujo, incautados al narco huido que están inmovilizados en los lugares más dispares y en la mayor parte de los casos a la intemperie.

Los chatarreros ya llevaban tiempo robando en la nave incendiada

El recurso de los testaferros del narco retrasará de nuevo la subasta de bienes

La Operación Cormorán es un ejemplo paradigmático de que la actuación judicial y policial ha ido por delante de los legisladores. En este caso, la venta anticipada de los bienes que ya se intenta poner en práctica en algunos juzgados, y que se contempla en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no llegó a tiempo para evitar que no solo se depreciase casi todo lo embargado a Pelopincho, sino que no se pudo recurrir a una administración judicial por falta de medios materiales. Sin precintos ni custodia policial, algunos de estos bienes acabaron siendo pasto de las llamas.

El pasado 5 de agosto, días después de conocerse la sentencia de la Operación Cormorán, se desató un incendio en una nave embargada a Pelopincho, en Cordeiro, en el municipio pontevedrés de Valga, que también hacía de depósito de cuatro vehículos, una camioneta y una embarcación que eran de su propiedad. Aunque no hay un informe policial definitivo sobre el siniestro y se barajan varios móviles posibles, los investigadores no tienen la menor duda de que el incendio fue intencionado. Los expertos de la Guardia Civil localizaron en al menos tres de los coches incendiados focos donde se inició el fuego. Llama la atención el estado de abandono en el que se encontraba esta nave, prácticamente derruida en su estructura, lo que permitía desde hace tiempo la entrada y salida de gente sin ningún tipo de control.

Según las pesquisas, los vehículos que ardieron ya se encontraban en un estado lamentable y solo servían para chatarra después de quedar prácticamente sin ningún elemento mecánico ni equipamientos en su interior. De hecho, algunos testigos confirmaron que habían visto entrar y salir a varias personas, sobre todo chatarreros, que probablemente, según la Guardia Civil, fueron los que se encargaron de perpetrar el saqueo paulatinamente. En este contexto ha perdido fuerza la hipótesis inicial de que los autores del incendio pudieran ser personas del entorno de Pelopincho, tal vez como represalia a la sentencia que ordenó el decomiso de sus bienes, aunque tampoco se ha descartado por completo. Los investigadores barajan otros móviles como el ajuste de cuentas y otros intereses para provocar el derribo de la nave.

Un mes después de hacerse pública la sentencia, en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra se elabora un listado actualizado del patrimonio que, si el Supremo confirma el fallo, será gestionado por la ley de fondo de bienes decomisados a narcotraficantes. Un listado que obligará a peritar de nuevo algunos embargos, como por ejemplo obras de arte o las joyas localizadas en la redada policial que fueron tasadas superficialmente por varios joyeros de Caldas a instancias del juzgado. Desde la secretaría de esta sección se tendrán que llevar al día las anotaciones en los registros de todos los bienes inmuebles para que no haya ningún contratiempo. Un retraso en la actualización de estos trámites podría echar al traste este patrimonio ya que tienen que renovarse cada cuatro años para que no prescriban. En cuanto a los bienes intervenidos al abogado también huido, Manuel Franco Argibay, cómplice de Pelopincho, tampoco el Estado podrá disponer de ellos hasta enero de 2016, cuando el delito haya prescrito, a no ser que se entregue a la justicia o la Policía lograse detenerlo.

Franco Argibay huyó hace cinco años, días después de quedar en libertad y depositar una fianza de dos millones de euros en metálico, aunque le dio tiempo a retirar casi otro tanto en un banco de Portugal. El dinero en billetes fue trasladado al juzgado de Caldas en un carrito de la compra. Los funcionarios todavía recuerdan aquel día, cuando quedaron perplejos ante tanto billete, razón por la que no pudo ser contado en las dependencias judiciales y fue inmediatamente ingresado en una sucursal bancaria del pueblo.