El Consell fía las infraestructuras a la colaboración con el sector privado
Bonig pedirá a Rajoy que meta el corredor mediterráneo en su programa
Las dificultades de la Generalitat para enfrentar su deuda y la falta de liquidez de las empresas complica la inversión en infraestructuras en la comunidad. Sin embargo, la consejera del ramo, Isabel Bonig, indicó ayer que todo dependerá de la "colaboración público-privada" y de que el Gobierno central decida si el gasto que impliquen las inversiones compute "como deuda pública".
Bonig, que se reunió con el presidente Alberto Fabra por la mañana, abundó además en la importancia estratégica del corredor mediterráneo para la región. La titular de Infraestructuras anunció que la Generalitat pedirá al presidente nacional del PP y candidato a las elecciones de noviembre, Mariano Rajoy, que lo incorpore a su programa.
Bonig evitó extenderse sobre el futuro de las infraestructuras de la comunidad. El expresidente Camps incluyó en su programa electoral un plan a diez años, de 2010 a 2020, por un montante de 50.000 millones de euros, asunto en que insistió antes de dimitir el pasado julio. "La situación ha cambiado", reconoció ayer Bonig. No hay nada paralizado, pero cualquier actuación dependerá de la "colaboración público-privada", asunto que requiere que el Gobierno diga "si computa eso como deuda pública" o no.
La consejera aclaró que la Generalitat "destinará sus recursos" al desarrollo del Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) en la medida de lo posible, aunque no concretó su traducción en los presupuestos de 2012 ni cómo afectará a actuaciones concretas. Sí dijo que las obras que están en marcha tendrán prioridad. Bonig confesó, sin embargo, que "no se sabe nada" de una de las obras en marcha a las que se refirió, la línea 2 del metro de Valencia. Así, los 11.345 millones de euros que Camps estimó como aportación del Consell al PIE, apoyado por el Estado y el sector privado, podrían suponer un desfase.
En cuanto al corredor mediterráneo, Bonig insistió en su importancia para la comunidad y cargó al ministro de Fomento, José Blanco, la responsabilidad de su desarrollo. "Blanco dijo que era una prioridad", comentó. La consejera entiende que no hay necesidad de hablar de ello con Madrid o Castilla-La Mancha. Ambas regiones, gobernadas por el PP, han pedido al Gobierno que se impulse el corredor central justo cuando más se habla de la línea mediterránea. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaria, matizó ayer que "no hay contradicción o incompatibilidad entre ambos corredores".
Urbanismo con menos trámites
La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, anunció ayer un "refundido" legislativo en materia urbanística para "simplificar y unificar" unas reglas básicas que evite confusiones. "La interpretación de la legislación ha confundido muchísimo", concretó la consejera. "Con la refundición, evitaremos, por ejemplo, que la tramitación urbanística y la ambiental se hagan por separado como hasta ahora". Esta operación supondrá además la incorporación de los requisitos de la Unión Europea en materia medioambiental a la legislación valenciana y la erradicación (o así se espera) de errores en la interpretación. Bonig calculó que el proceso tomará un año "o algo más". La titular de Infraestructuras, que se reunió con el presidente Fabra antes de explicar esta remodelación a los medios, comentó que "no se busca poner parches sino modificar la legislación". Bonig destacó que Fabra se mostró "receptivo" al respecto.
Por su parte, el portavoz socialista de Infraestructuras, Francesc Signes criticó el anuncio de la consejera y la acusó de "sumir todavía más en el caos" el mapa urbanístico valenciano. "Lo que deberían hacer Fabra y Bonig es clarificar inmediatamente el destino de todos los planes territoriales que el Consell ha anunciado estos últimos 11 años y que han quedado inconclusos, como el plan del entorno de Castellón, el del entorno metropolitano Alicante-Elche, el de La Vega Baja, el del Litoral y el Plan de Protección de la Huerta", enumeró. Signes insistió en que esta iniciativa "acentúa la inseguridad jurídica del sector".
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