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Reportaje:La última batalla del 22-M

La reñida carrera para lograr el control de la FAMP

El color de la presidencia del organismo municipal dependerá del voto de las mancomunidades y los pactos

Cuando el PP ganó de largo en las elecciones locales del pasado 22 de mayo, con 300.000 votos más que el PSOE en el conjunto de Andalucía, dio por hecho que cogería las riendas de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), organización de adhesión voluntaria que representa la voz de los alcaldes. Sin embargo, tras un lapso de casi tres meses, el PSOE se ha descolgado ahora con que todavía hay partido y queda margen para conservar la presidencia.

¿Cómo es posible que con las corporaciones de los 771 pueblos y ciudades de Andalucía constituidas, además de las ocho diputaciones, no se sepa ya quién gobernará este órgano? La clave está en las mancomunidades, en pleno proceso de configuración, que computan en el recuento de votos igual que los Ayuntamientos y Diputaciones. Los socialistas han hecho números y opinan que la irrupción de estas entidades locales en el terreno de juego inclinará la balanza hacia sus intereses, de forma que ningún partido alcance la mayoría absoluta. Ahí cabe la posibilidad de una alianza con Izquierda Unida.

Los socialistas esperan quitar al PP la mayoría con las mancomunidades

Los populares acusan al PSOE de intentar hacer "fullerías"

Solo 12 del centenar de mancomunidades están adheridas ahora a la FAMP

El PP ganó las elecciones, pero el PSOE tiene más ediles y alcaldías

Este es el fondo de las declaraciones desconcertantes que han cruzado en los últimos días los dirigentes de PP y PSOE: mientras los primeros aseguran que cuentan con la mayoría absoluta -"absolutísima", dijo el vicesecretario general, Ricardo Tarno-, los segundos hablan de continuar en la presidencia, como han hecho desde que se creó la FAMP en 1985. Ayer mismo el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, convocó una apresurada conferencia de prensa para facilitar la extrapolación de votos que ha hecho su fuerza política: 2.690 votos para el PP, 2.097 para el PSOE (600 votos menos), 311 votos para IU, 152 para el PA, y 105 para otros partidos. Los socialistas no ponen en tela de juicio estas cifras, pero las califican de provisionales: sus adversarios solo han tenido en cuenta a los municipios y las Diputaciones. Faltan las mancomunidades.

Aunque Sanz fijó incluso el corte de la mayoría absoluta (2.678 votos), ni siquiera se conocen los votos que habrá finalmente porque no se puede determinar el número de mancomunidades que se formarán ni cuántas se adherirán a la federación.

La FAMP es una asociación voluntaria de alcaldes y presidentes de Diputaciones y mancomunidades, cuya organización matriz es la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No todos los Ayuntamientos de Andalucía se han adherido: están 756 de los 771. Los delegados de la asamblea (el órgano soberano) son los alcaldes y presidentes -no importa si el gobierno es bicolor- y cada uno de ellos cuenta con un volumen de votos según los habitantes de sus entidades. Por ejemplo: si la corporación tiene 2.500 vecinos, el delegado (al que se le llama socio) posee dos votos; si es de 20.000 a 50.000, 15 votos; y así escalonadamente hasta llegar a los 100 votos si la corporación supera el millón de habitantes.

Los estatutos otorgan la misma categoría a los titulares de los municipios, las provincias y las entidades locales (mancomunidades). Como es de suponer, en el momento en el que el PSOE, y luego el PP, se dieron cuenta del papel determinante de las mancomunidades, se ha iniciado una disputada carrera para que las asociaciones de municipios que controlan se adscriban de inmediato a la FAMP. Porque en la actualidad hay muy pocas que sean miembros: únicamente 12 de cerca de un centenar.

El Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas tiene registradas 88 mancomunidades, si bien fuentes de la FAMP explican que los datos no son precisos y que la cifra global es superior a 100. En cualquier caso, el porcentaje de entidades asociadas es mínimo y se requiere una gran movilización, que el secretario municipal del PSOE, Juan Manuel Fernández, asegura que su partido está en condiciones de conseguir. Quizás por eso Antonio Sanz se mostró ayer partidario de suprimir muchas mancomunidades, una idea que ya había sugerido el líder de su formación, Javier Arenas, pese a que muchos de los alcaldes del PP son fervorosos defensores de esta fórmula de gestión de servicios, ejecución de obras o planificación, por la utilidad y ahorro para sus Consistorios. Sanz dijo que se han convertido en "chiringuitos del PSOE".

La reciente Ley de Autonomía Local establece que las mancomunidades legalmente constituidas tienen la condición de entidad local de cooperación territorial con personalidad y capacidad jurídica. Las hay de todo tipo y tamaño. Desde las de dos o tres pueblos que se unen para compartir y mantener conjuntamente un cementerio, el cuidado de caminos rurales, los bomberos o la encomienda de recaudación de tributos; hasta las grandes corporaciones de abastecimiento de aguas, tratamiento de residuos y recogida de basuras. En las últimas, lo más común es que ensamblen fines diversos, como es el caso, por ejemplo, de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, la de la Costa del Sol de la Axarquía o la del Bajo Guadalquivir.

Fernández atribuyó el ataque del PP a las mancomunidades a la ligereza y el desconocimiento, además de a la intención evidente de eliminar competencia. "Son los municipios los que deben decidir cuándo formarlas y cuándo disolverlas, en función de cómo se presta mejor el servicio a los ciudadanos", dijo. El socialista, que ha sido alcalde de Chauchina (Granada), recuerda que los presidentes de estas entidades no cobran y que en la mayoría de los casos los medios que se utilizan proceden de los Ayuntamientos, por lo que, lejos de suponer un coste adicional, significa una ayuda enorme para los municipios.

En cuanto a las críticas del PP respecto a que el PSOE pretende arrebatarle la presidencia de la FAMP con "fullerías", el socialista replicó que las reglas del juego son las que son y que los estatutos se hicieron en 1985 con el acuerdo de todos los partidos. También agregó que, aunque el PP ha obtenido más votos, el PSOE tiene 701 concejales más, y le supera en un centenar de alcaldías (372 frente a 271).

Las mancomunidades carecen de una norma de funcionamiento uniforme. Cada una tiene sus reglas de trabajo, un plazo de renovación y un sistema de elección de su presidente. Se puede dar el caso de que el titular de una entidad no sea el alcalde de más población, y que partidos que no se han puesto de acuerdo para conformar una coalición de gobierno en un Consistorio, sí lo hagan en una mancomunidad.

Lo que está claro en los estatutos de la FAMP es que las mancomunidades, o cualquier otra corporación, que no se haya adherido a fecha de la celebración de la asamblea, que elegirá al presidente, no se tendrán en cuenta en la contabilidad de los votos. Fuentes de la FAMP señalaron que se están recibiendo ya peticiones para inscribirse.

La asamblea fundacional de este mandato municipal de la FAMP está prevista para noviembre. Le corresponde a la ejecutiva convocarla y lo habitual es hacerlo con un mes de antelación, por lo que el proceso ha de iniciarse en octubre. Los populares quieren forzar al adelanto de la nueva FAMP y acusan al PSOE de demorar la renovación para buscar resquicios y bloquear su mayoría. Antonio Sanz puso como ejemplo ayer a la FEMP, que ha anticipado la reunión de la asamblea a la última semana de septiembre. El PSOE respondió que mientras que en la organización nacional se ha producido un vacío porque su presidente (Pedro Castro), ya no es alcalde de Getafe (Madrid), en Andalucía, el titular, Francisco Toscano, ha incrementado incluso su mayoría absoluta como regidor de Dos Hermanas (Sevilla) y no existe ninguna parálisis. En las siete ocasiones que se ha constituido la FAMP lo ha hecho después de la federación nacional.

La importancia de la voz de los alcaldes

A pesar de no ser una institución de gobierno, la FAMP ha representado un papel crucial en la vida política de Andalucía. Su presidente en funciones, el socialista Francisco Toscano, la define como un sindicato de municipios, una asociación de enorme poder que en muchas ocasiones ha conseguido doblar la mano del Gobierno andaluz y cambiar el curso de leyes y reformas. En su seno se han registrado escasas polémicas -la mayoría de las veces, las corporaciones comparten idénticos intereses y problemas- pero no ha ocurrido lo mismo con los partidos políticos, especialmente con el PSOE y el PP, para los que la FAMP ha sido siempre un preciado instrumento en su pugna permanente.

Además de poner en común dificultades y soluciones, o prestar servicios, la FAMP es la voz unánime de los alcaldes en Andalucía. En los años que lleva activa se han producido choques sonoros con el Gobierno andaluz, como las objeciones que puso la federación a las llamadas leyes locales, que incluso llegó a rechazar, si bien al final fueron apoyadas tras forzar varias modificaciones. También ha discrepado con la Junta respecto al Plan de Ordenación del Territorio, los planes de vivienda, los reglamentos de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía, y los de contaminación lumínica y acústica. Ha obligado igualmente al Ejecutivo andaluz a aplazar seis meses la nueva aplicación del canon del agua, que tiene carácter autonómico, pero gestionan y cobran los Ayuntamientos.

Aunque estatutariamente el PP ha ocupado la vicepresidencia, nunca ha estado en la cúspide. Tras el vuelco en el mapa local de Andalucía que operó el 22 de mayo pasado, está convencido de que esta vez lo hará. También lo creyó en 1995, la primera ocasión en que los populares incrementaron de forma notable su poder municipal. Entonces la presidencia recayó en el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que era en ese momento presidente de la Diputación de Sevilla, y el líder del PP, en aquella época el mismo que ahora, Javier Arenas, ordenó en noviembre de ese año a sus alcaldes desvincularse de la organización.

Anunció, al igual que ha hecho ahora, que promovería una reforma de la organización y de sus estatutos y censuró que la FAMP fuera una herramienta al servicio de los intereses del PSOE y de la Junta, como ayer mismo denunció el secretario general del PP, Antonio Sanz.Tras varios meses fuera, el PP volvió a la FAMP en julio de 1996, después de una negociación con los socialistas en la que se acordaron varias medidas.

Es de esperar que si el PSOE consigue finalmente conservar la regencia de la FAMP por el voto de las mancomunidades, el PP plantee una media de presión. Supone un arma eficaz de aquí a las elecciones autonómicas contra el Ejecutivo de José Antonio Griñán. No obstante, el pasado jueves, a la pregunta de si el PP baraja dejar la organización en el caso de que la gobierne el PSOE, el vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, respondió de forma tajante: "No contemplamos la posibilidad de que la presidencia no sea del PP".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de agosto de 2011

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