Las empresas acusadas de fraude en el reciclaje operan en 30 municipios

Entre Celta Prix y Urbaser, las dos empresas concesionarias que están siendo investigadas por la Xunta por cometer irregularidades en la recogida selectiva de residuos, tienen las contratas de la gestión de basuras de al menos una treintena de ayuntamientos de Galicia. Ninguna de las dos empresas quiso ayer ofrecer a este periódico su versión sobre las investigaciones abiertas por la Xunta. La firma Isolux Corsán no está implicada en el caso ni ha tenido nunca un contrato de limpieza de Cee, en contra de lo que informó por error la Consellería de Medio Ambiente y ha publicado este periódico. Es la gallega Celta Prix -que también gestiona parques privados de bomberos- la que presta ese servicio en Cee, al igual que en Agolada y Silleda, otros dos municipios donde se han detectado indicios del fraude.

Por cada tonelada de basura orgánica los municipios pagan unos 50 euros

Medio Ambiente apuntó el pasado miércoles a una motivación económica de las empresas. Aunque las tarifas varían mucho, los ayuntamientos tiene que pagar a Sogama por cada tonelada de basura orgánica un promedio de unos 50 euros, mientras que por cada tonelada de plásticos y envases ligeros reciben una cantidad aproximada de 200 euros, según estiman fuentes municipales. El fraude consistiría en mezclar los residuos orgánicos con el material para el reciclaje.

La Xunta ya ha abierto un expediente sancionador a Cee, Agolada, Silleda y Marín, a pesar de que las irregularidades se cometieron presuntamente por parte de las dos concesionarias. María Ramallo, alcaldesa de Marín, donde opera Urbaser, declaró ayer que se había enterado del caso "por la prensa" puesto que el ayuntamiento aún no ha recibido ninguna notificación ni sanción de manera oficial, "ni de Medio Ambiente ni de Sogama". Su concejala de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, tuvo una reunión ayer con el delegado de Urbaser en Galicia en la que la empresa volvió a recordar que "ya había avisado tanto al gobierno anterior como al actual" que había detectado un alto porcentaje de residuos impropios -aquellos que no se depositan en el contenedor adecuado- "en la separación en origen", que es la que hacen los vecinos. Según Sanmartín, Marín alcanza el 70% de impropios, cuando la media de un ayuntamiento es un 30% y el máximo permitido un 50%.

Aunque Ramallo y Sanmartín corroboraron el hecho de que la empresa ya había avisado de este dato, no quisieron pronunciarse acerca del presunto fraude hasta que acabe la investigación, que "durará meses". Sin embargo, la concejala de Medio Ambiente sugirió que la explicación de más peso sería seguramente "la falta de concienciación de los vecinos a la hora de reciclar", ya que Marín es uno de los 10 municipios que han entrado en un programa europeo de concienciación ambiental precisamente por "estas cifras tan malas". Después de acusar a las empresas de cometer estas irregularidades, de expedientar como responsables civiles a los cuatro ayuntamientos y de facilitar una información errónea, Medio Ambiente ahora se muestra cauta y prefiere no hablar más sobre el tema hasta que concluya la investigación ya que "todavía se desconoce el alcance de las irregularidades".