La concesionaria de la AP-9 gana 27 millones hasta julio

Síntomas evidentes de recesión. Así explica Audasa, la concesionaria de la autopista de 219 kilómetros que une Galicia de norte a sur, que su beneficio neto entre enero y junio haya sido de 27 millones de euros. Es un 7,9% inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado porque los ingresos de los peajes retrocedieron un 4,6% (facturó 69,8 millones) como consecuencia del descenso del tráfico.

La intensidad media diaria en el conjunto de los tramos de la autopista fue de 21.662 vehículos, un 5,3% menor, y el número de coches que utilizan sistemas de telepeaje se consolidó en el 46% de los usuarios (en determinadas estaciones llega a ser del 80%). Los gastos de explotación de la autopista supusieron para la empresa propiedad del grupo norteamericano Citi, en la que también participa Novacaixagalicia, 13 millones de euros. Esa cantidad se destinó a reparaciones y conservación.

Audasa dedicó a inversiones 0,8 millones euros y aumentó los peajes

En una infraestructura con suculentos beneficios como la gallega, las inversiones se llevaron la peor parte. Audasa dedicó a este apartado 0,8 millones, "en estudios y proyectos asociados a la ampliación de capacidad en determinados tramos que se está actualmente negociando con el Ministerio de Fomento", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Aunque los peajes aumentaron en enero un 1,5%, el mal comportamiento de los ingresos unido a la evolución de los resultados financieros "lastraron las cuentas semestrales" con ganancia mencionada, de 3,4 millones menos. La empresa incluso menciona el "rigor meteorológico" con que se desarrolló la campaña de invierno para explicar la reducción de los peajes.

Pese a que las expectativas de crecimiento "resultan pesimistas", como reconoce Audasa en su informe, esperan mantener niveles de tráfico suficientes para que su facturación no se vea afectada significativamente. El de las autopistas es un negocio con escaso riesgo. Los ingresos recurrentes y en efectivo minimizan cualquier tipo de riesgo de crédito o de liquidez. Incluso en los pagos diferidos con tarjetas o telepeaje, que están garantizados por la banca.

La concesionaria, que explotará la infraestructura gallega al menos hasta el año 2048, cuenta con 259 empleados en plantilla y pagó en estos seis meses 11,5 millones en impuesto de sociedades. Es el grueso de su aportación a las arcas públicas. Desde su nacimiento, en 1973, se beneficia, gracias a una ley franquista, de la exención del pago del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles a los ayuntamientos por donde pasa la carretera. Esa ley fue criticada recientemente por el BNG, que la considera "un privilegio".

Pese a la protesta del senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, que solicitó al Ministerio de Economía "voluntad política" para revertir esa situación, la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, niega que la concesionaria tenga que sufragar a una treintena de municipios los cinco millones de IBI que le corresponden. Ahora su aportación anual por este concepto se eleva a 25.000 euros, según cálculos del BNG.