El Ararteko reclama que no se retire el paro a quien cobra ayudas sociales

El Ararteko pidió ayer al Gobierno vasco que interceda ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para que no compute como ingresos la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) para poder cobrar el subsidio de desempleo. El Ararteko considera que esta interpretación está generando "situaciones de grave injusticia material".

El Defensor del Pueblo vasco hizo pública una recomendación al Ejecutivo autonómico tras las quejas que ha recibido en los últimos meses de personas que han dejado de percibir la prestación por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo Inem. Además, la institución que dirige Iñigo Lamarca asegura en su escrito que "en muchos casos, la suspensión tiene efectos retroactivos, de manera que ciertas cantidades se consideran indebidamente percibidas y se requiere a los beneficiarios su devolución".

Lamarca considera que Euskadi asume un gasto que compete al Estado

En concreto, se están viendo afectadas por esta medida personas cuyas rentas mensuales superan el 75% del salario mínimo interprofesional. Son perceptores del desempleo con recursos "precarios", añade el Ararteko, a quienes las diputaciones tienen que complementar económicamente la merma que supone dicha suspensión con un incremento de la cuantía de la RGI.

En su "recomendación general", el Ararteko hace constar que la Comunidad Autónoma del País Vasco está asumiendo "el gasto de unos importes que corresponderían a la Administración del Estado, lo que implica un sobreesfuerzo financiero para esta comunidad, equivalente a los subsidios dejados de abonar por el SPEE". Va más allá y advierte de que la medida de suspender la concesión del subsidio por parte del Servicio Estatal de Empleo "supone una grave afección de algunos de los derechos" de estas personas, a pesar de que estén recibiendo esa cantidad a través de la RGI.

Lamarca considera que el Gobierno vasco tiene que intervenir en este asunto. Propone que haga gestiones con el antiguo Inem para que modifique la interpretación que hace de la ley. En el caso de que resulten infructuosas, propone que el Parlamento autonómico debería tomar cartas en el asunto y promover, a través de su capacidad de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales, las reformas legales pertinentes para que la citada interpretación deje de tener cobertura legal.

Esta isntrucción se suma a la reciente decisión del Defensor vasco de pedir información a la Diputación de Bizkaia por la retirada de la Renta de Garantía a 1.500 personas, algunos de los cuales han presentado alegaciones al considerar la medida "irregular".