Telefónica se lleva el contrato para ampliar la banda ancha

Telefónica se ha convertido en la adjudicatoria provisional del Plan Director de Banda Ancha que impulsa la Xunta. Con un presupuesto que roza los 15 millones de euros, la compañía será la encargada de extender la conexión a Internet por las zonas rurales, uno de los lugares del Estado donde la brecha digital es más acusada. La decisión, que deberá ser ratificada próximamente, ha indignado a los operadores de Galicia, excluídos del proceso de selección.

La Asociación de Operadores Galegos de Redes sen Fíos de Banda Larga (Opergal) lamentan que la Xunta los haya rechazado "por no cumplir los requisitos mínimos", según fuentes de la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Una portavoz de este departamento ha matizado que la multinacional española no fue la única admitida a trámite -tal y como los operadores indicaban-, e incide en que la comisión de valoración solo la formaron miembros de la Secretaría.

La Xunta pagará 15 millones de euros para implantar Internet en el rural

Por su parte, representantes de Intermax Technology y Tripla, las dos empresas aspirantes radicadas en Galicia, expresaron su malestar. En rueda de prensa y acompañados por el resto de integrantes de Opergal -que aglutina al 90% de las empresas del sector- demandaron un mayor compromiso de la Xunta con los "emprendedores" que "crean puestos de trabajo" en esta industria. Roberto Valverde, portavoz de la asociación, denunció la "ineficacia"de Telefónica y su falta de compromiso con Galicia, manifestada en "demasiadas ocasiones". Además, la tecnología 3G que aplicaría la multinacional ya ha quedado obsoleta en las ciudades, donde se comienza a implantar el 4G, lo que significaría, en palabras de Valverde, dejar las zonas rurales con un acceso a la Red "de segunda división". El promotor de Intermax, Javier Mouriño, aseveró que, con el método seguido por su empresa, sería posible una mayor transferencia de datos y un acceso de mayor calidad que con Telefónica.

Los integrantes de Opergal, pequeñas empresas que cuentan con más de 11.000 usuarios repartidos en 120 ayuntamientos de la comunidad gallega, ya han manifestado que alegarán contra la decisión del Gobierno autónomo. Confían en poder hacerse un hueco en el mercado por el que "han apostado", y solicitan que la Xunta "reconsidere" su proyecto. Actualmente mueven cinco millones de euros anuales y emplean a más de 50 personas. Según sus cifras, de arrebatarle la concesión a Telefónica, empezarían a trabajar en octubre, y con los 15 millones del contrato público crearían 200 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos.