El naval pide auxilio para evitar el cierre de "todos los astilleros"

El naval se derrumba sin apoyo institucional. Ese es el mensaje que quisieron enviar ayer al Gobierno la patronal y los sindicatos del metal vigueses, tan alejados durante las huelgas como unidos ahora. Conscientes de que ese salvavidas no puede ser económico (la Unión Europea prohíbe las ayudas), los representantes de la patronal Asime, CC OO, UGT y CIG cuidaron mucho su discurso para reclamar de forma genérica "igualdad de condiciones", para "poder competir con otros países". Utilizaron frases como: "Nos estamos jugando el futuro"; "no podemos permitirnos que cierren todos los astilleros"; "si en dos meses no hay solución, corremos un riesgo muy grave", y similares. E insistieron en que el objetivo tiene que cumplirse antes de que llegue el otoño.

Por una parte, reclaman un fondo que avale las nuevas construcciones, toda vez que el instrumento hasta la fecha, el fondo de garantía patrimonial de la sociedad Pymar, participada por astilleros, está seco (se nutría con aportaciones de los constructores) y se va a liquidar. Por otra parte, la UE ha puesto en cuestión, tras una denuncia de Holanda, el Tax Lease, un instrumento financiero que permite la amortización acelerada, en tres años y medio, de los buques que se construyen en España. Con ese sistema los armadores extracomunitarios se ahorraban un goloso porcentaje del precio final de cada barco a través de sociedades creadas ad hoc.

Sobre esto último, el representante patronal, Enrique Mallón, aseguró que hay plazos "imprescindibles e ineludibles" para encontrar una solución que no puede ir más allá de septiembre a fin de que la contratación se vuelva a reactivar. Asime ha solicitado a la Xunta que cree su propio mecanismo de avales, pero todavía no hay acuerdo.

La ría de Vigo tiene la mayor densidad de constructores navales privados de España. Nueve astilleros que hace 18 meses empleaban a 14.000 personas de forma directa y a otras 20.000 indirectamente. Hoy serán algunos miles de puestos de trabajo menos. La industria auxiliar, compuesta por centenares de pequeñas y medianas empresas, es la que puede verse más afectada. Suspensiones de pagos en cadena, como las iniciadas por Gonsusa o Aister, dan la medida de que la morosidad ha agotado su tesorería. Barreras, Vulcano y Factoría Naval de Marín continúan tramitando sus respectivos concursos de acreedores que suman pasivos de 200 millones de euros. "La Xunta, pero sobre todo el Gobierno de España, tiene que potenciar el naval", reclamó el representante de Asime tras recordar que este momento de dificultad es "clave en los últimos 30 años del sector". El ministerio que dirige Elena Salgado es el interlocutor con Bruselas para solucionar el escollo del Tax Lease, pero no puede ir mucho más allá, y tanto empresas como sindicatos miran a Madrid reclamando una "solución global, porque de nada servirá arreglar crisis individuales".

Lo cierto es que no hay garantías de que se vayan a firmar nuevos contratos por mucho que se recomponga el mismo esquema del que disfrutaba el sector hace unos meses. Lo recordó el responsable de CC OO, Ramón Sarmiento: si la solución llega pronto los astilleros podrán dar un paso siempre y cuando hayan salido "del pozo en el que hoy están". De lo contrario, el naval estará abocado a desaparecer. Diego Atanes (UGT), recordó que, al margen del Gobierno, la Xunta "puede articular medidas que sustenten las plantillas". La llamada de atención también fue para otras comunidades autónomas en situación parecida, como Asturias, Valencia o Canarias, que forman una mesa sectorial nacional que está, según el sector gallego, "adormecida".