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Reportaje:JUECES CONTRA ETARRAS Y MAFIOSOS

La Audiencia entre bastidores

El tribunal que nació con la democracia está a punto de cumplir 35 años. EL PAÍS reúne a su primer presidente y al actual para recorrer los recovecos de su ya larga historia

Rafael Mendizábal señala los sofás en los que durmió más de una noche. Entonces, este despacho de la Audiencia Nacional era suyo, y la amenaza de un ataque terrorista, inminente. El primer presidente del tribunal habla de tiempos sin escolta. Tan solo el coche oficial, cuyo conductor se convertía en guardaespaldas improvisado. En una ocasión, su chófer vio un coche aparcado a las puertas de la Audiencia, una chica tomaba notas desde el asiento del copiloto. Aquello no podía ser bueno, tocó el claxon y el vehículo sospechoso se alejó. Días después encontraron el bolso que pertenecía a la mujer que montaba vigilancia. Había notas: horarios, salidas, rutinas. Mendizábal todavía conserva esos apuntes que le pudieron haber costado la vida.

En los peores años del terrorismo, los fiscales entraban y salían de la Audiencia buscando un destino más seguro

Casi han pasado 35 años desde aquella primera etapa de la Audiencia Nacional. El despacho lo ocupa ahora Ángel Juanes Peces, actual presidente de la Audiencia. Son las diez de la mañana y el desayuno está preparado en la mesa de reuniones. Tazas de porcelana blanca para un café entre presidentes. Juanes y Mendizábal se han reunido para recorrer con EL PAÍS la historia del tribunal que nació con la democracia. Juanes cede la cabecera de la mesa a Mendizábal, que de forma natural se adueña del espacio y de la conversación.

Más de 80 años acentúan su seriedad casi aristocrática. Impecablemente vestido, gemelos en los puños y condecoración constitucional en la solapa. Mendizábal habla de cómo durante la Transición se cocinaba "una nueva ley desde la ley" en los fogones del Ministerio de Justicia, en el que era subsecretario. Desde ese puesto elaboró dos textos, que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre de 1977: el mismo día se crea la Audiencia Nacional y se suprime el Tribunal de Orden Público (TOP). El recelo se transformó para muchos en crítica abierta hacia el nuevo tribunal, al que algunos consideraban heredero del franquista:

-He venido aquí para hablar de la Audiencia, no del TOP.

El tono de Mendizábal es tajante, está cansado de tener que explicar la misma cantinela. Siempre correcto, enseguida matiza: "Los magistrados siempre tenemos algo de autoritarios". Tras una breve pausa añade: "Y yo ya lo era". Caballero, sí, pero con mucho carácter. Insiste en que no heredó las competencias del TOP. "Nunca juzgó delitos ideológicos. La Audiencia está pensada para luchar contra la criminalidad organizada", dice con rotundidad Mendizábal. Aclara que además, durante la dictadura, los delitos de terrorismo eran competencia de los tribunales militares: "Franco no se fiaba ni de sus propios jueces".

"Lo he consultado con Adolfo [Suárez] y me ha dicho que tú la has creado. Que la organices". Así le ofreció la presidencia de la Audiencia a Mendizábal el entonces ministro de Justicia, el ucedista Landelino Lavilla. El carácter especial del tribunal, cuyos juzgados centrales instruyen casos estrella, ha hecho que la Audiencia sea hoy el tribunal más mediático de España. Una especie de Cabo Cañaveral para los magistrados, como solía decir Mendizábal: "Todo el que pasaba por aquí acababa en órbita".

Terminado el café, continúan la ruta por la memoria visitando otras salas. Cuatro plantas más abajo del despacho de la presidencia se celebró una de las vistas preliminares del juicio de la SGAE; unos días antes, otra sala juzgaba a Arnaldo Otegui por enaltecimiento del terrorismo. Hace 13 años, desde un despacho de la Audiencia, el juez Baltasar Garzón pedía a Londres la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, un hito en la historia del tribunal, que se convirtió en un modelo de justicia universal.

"¡Hombre, don Rafael!", saludan a Mendizábal al verlo pasear por los pasillos. Es Juan del Olmo, juez instructor de los atentados del 11-M, el acto de terrorismo con mayor número de víctimas de la democracia. Los muchos testigos que requirió el juicio obligaron a trasladarlo a la Casa de Campo, como ocurrió con el envenenamiento masivo por aceite de colza adulterado, en 1981, que provocó la muerte de 1.100 personas y el envenenamiento de otras 60.000.

Los presidentes llegan al primer sótano de la Audiencia, a la sala donde se juzgan los delitos de terrorismo. Una idea que Mendizábal tomó de los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis en 1945. El mobiliario es de madera, pero el espacio está dividido por paredes de cristal blindado. En la zona donde declaran los acusados, los asientos están anclados al suelo para que no se repita lo que ocurrió en el juicio del etarra Valentín Lasarte: en un rapto de furia arremetió contra el cristal, golpeándolo con la silla hasta rajarlo. La sala tiene otra particularidad: la megafonía queda a voluntad del magistrado que preside la sala. Un botón y no se oye al acusado; otro, y el acusado no escucha al público. "Controlar la megafonía es controlar la situación", le dijeron. Y lo aplicó.

En los años más hirvientes del terrorismo, los fiscales entraban y salían de la Audiencia buscando un destino más seguro. Había miedo. Eran principios de los años ochenta y los avisos de bomba se convirtieron en rutina: "Muchos eran falsas alarmas de gente que no quería ir a trabajar". Ellos no creían en los avisos de bomba. Lo afirman serios, como si los ataques del terrorismo fueran cuestión de fe y no una realidad que dejó más de 100 muertos durante el primer año del tribunal. Los atentados afectaron también a la Audiencia. La fiscal Carmen Tagle fue asesinada en 1989. ETA la acribilló a balazos en la puerta de su garaje de la calle de Julio Palacios de Madrid.

El entonces presidente Fernando de Mateo Lage salía de la Audiencia cuando recibió una llamada: Tagle había sido asesinada. Fue a ver el cadáver, sin pensar que dos años después él mismo sufriría otro atentado. El 26 de febrero de 1990 recibió en su casa un paquete,

presuntamente de Instituciones Penitenciarias. Era el libro Agente secreto, de John le Carré. Fernando de Mateo hijo recuerda aquel día: su padre, siempre inquieto, acabó pronto de comer y fue a su despacho. Al momento, un estruendo y el olor del explosivo. De Mateo Lage surgió de entre el humo y el polvo, parecía un espectro. Un espectro sin manos. "Le puse una toalla sobre los muñones. No quería que viera que se había quedado manco", cuenta su hijo.

En 1996, ETA volvió a enviar un libro-bomba a un magistrado del tribunal. La explosión segó tres dedos a José Antonio Jiménez Alfaro, entonces presidente de la Sala Segunda de lo Penal. Con la mano derecha envuelta en una toalla y la cara salpicada por su propia sangre, Jiménez Alfaro abandonaba el edificio de la Audiencia. El tribunal ha hecho de la lucha antiterrorista su estandarte gracias a juicios de casos como el atentado de Hipercor en Cataluña o el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Los magistrados de la Audiencia Nacional también investigaron la guerra sucia contra ETA. Entre otros, fueron condenados el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo -por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras Jose Antonio Lasa y Jose Antonio Zabala en 1983- y el subcomisario José Amedo -por su implicación en diversos atentados de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)-.

Las profecías que afirman que el fin del terrorismo implicará el fin del tribunal son un absurdo para los dos presidentes. "¿Y el narcotráfico? ¿Y los juicios de corrupción, como el de Banesto?", pregunta Juanes con tono desdeñoso. Sin esperar respuesta añade: "El terrorismo es solo una parte de las competencias de lo penal, y lo penal es solo una pequeña parte del volumen de sentencias que emite la Audiencia".

Como una metáfora del ciclo que se cierra, la pecera y el resto del edificio de la Audiencia, próximo a la madrileña plaza de Colón, tienen los días contados. El Ministerio de Justicia destinará 12 millones de euros para rehacer el interior del edificio que cazó Mendizábal. Corría el año 1978 y Madrid se había convertido en un coto para las nuevas instituciones democráticas, que se peleaban entre sí por hacerse con la mejor sede. Mendizábal se acercó al "palacete" en obras situado a solo unos metros del Supremo y dijo al encargado de las reformas: "Prepárenos una planta, venimos a trabajar al edificio". Los ruidos y la polvareda no le arredraron. "Rafael tenía un lema: 'La ocupación es el 90% de la propiedad'. Y no estaba dispuesto a dejarse quitar el edificio", cuenta Paloma, una de las pocas personas que se mudaron en esa primera hornada que okupó la Audiencia.

De naturaleza firme y belleza ya madura, Paloma es la funcionaria más antigua del tribunal. Hoy es secretaria judicial, pero ha sido chica para todo: jefa de prensa cuando el departamento aún no existía, encargada de las remodelaciones del edificio y mano derecha del primer presidente de la Audiencia, Rafael Mendizábal. Su marido.

Esta mujer fue testigo de primera mano del primer sumario que se "digitalizó". La palabra es excesiva: consistió en un índice temático del caso del aceite de colza, que permitiera a los interesados moverse entre los armarios con los archivos de la causa. Solo el caso de la colza ocupa una habitación entera. Acabar con estos laberintos de estanterías abarrotadas de cartapacios y tener un soporte digital que agilice los trabajos es el nuevo reto de la Audiencia. La cuenta atrás para el objetivo papel cero comenzó en 2009. Diez millones de euros y un maratón de escaneado y documentación con turnos de mañana, tarde y noche han permitido digitalizar los expedientes de casos abiertos del tribunal.

Ahora toca ver cómo funciona. La Audiencia -el único juzgado con tres de los cuatro órdenes (únicamente carece de sala de lo civil)- es el banco de pruebas de la digitalización de la justicia. "Es una experiencia pionera", explica con entusiasmo Luis Martín Contreras. Bigote gris y aire serio, el secretario del ministerio que coordina el proyecto afirma que los trámites se agilizarán así "entre un 20% y un 30%".

Contreras no disimula su frustración por la falta de resonancia que ha tenido el proyecto, aunque reconoce que parte del desánimo ciudadano es culpa del propio ministerio: "Hasta ahora, Justicia solo ha vendido prepotencia y error. Pero estamos luchando por cambiar esto". De su cartera saca una tarjeta personal, similar al DNI electrónico. Es la llave de su firma digital. Introduce la tarjeta en el lector del ordenador y firma la apostilla de una carta. "Así será el futuro: resolución firmada, resolución notificada".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de agosto de 2011