Funcionarios de Orihuela cobran sin ir a trabajar

"Son muy pocos, pero los hay", dijo ayer la concejal de Personal y Recursos Humanos de Orihuela, Asunción Mayoral, para referirse a los empleados del Ayuntamiento que cobran su salario sin aparecer a trabajar por su puesto de trabajo. También se refirió a otros funcionarios que llegan a faltar hasta nueve días seguidos sin justificación alguna y con los que jamás se han tomado medidas. "No se puede consentir que haya gente que porque trabaja en el Ayuntamiento pueda hacer lo que le da la gana. Son los menos, pero estas actitudes denigran y desmotivan a la mayoría", añadió.

Esta circunstancia es la punta de lanza del verdadero problema que ayer denunció el nuevo Gobierno oriolano, la desorganización y el trato desigual con los casi 800 trabajadores municipales. Por eso, denunció que algunos empleados cobran hasta dos incentivos por tareas que dejaron de hacer hace tiempo o que otros disponen de un teléfono móvil que paga el Ayuntamiento sin razón objetiva alguna. "Las productividades no son un premio o un castigo, ni producto de amiguismo o de la fidelidad ideológica", concretó la edil.

Por todo ello, Mayoral anunció ayer la redacción inmediata y de una relación fidedigna de la plantilla del Ayuntamiento y de las funciones de cada uno de los funcionarios, interinos o contratados. El objetivo es optimizar los recursos y reorganizar la Administración municipal, para lo que priorizó la construcción de un nuevo Ayuntamiento que dé cabida a la mayoría de los servicios y acabe con la dispersión de dependencias municipales. De momento, los 50.000 euros que tenía presupuestados la anterior regidora, Mónica Lorente, del PP, para remodelar el área de Alcaldía, el tripartito que ahora conforman Los Verdes, el PSPV y el CLR-Claro los destinará a remozar distintos edificios públicos para evitar pagar alquileres de locales que no son propiedad municipal.

Mayoral también anunció la inmediata puesta en marcha del servicio de padrón a domicilio para actualizarlo fidedignamente, operación que habían pedido realizar los propios funcionarios y a la que siempre se negó el Gobierno anterior.