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La Xunta castigará sin ayudas a los alcaldes que no fiscalicen sus cuentas

Los ayuntamientos no auditados por Contas quedarán sin fondos autonómicos

Ni un euro de subvención para aquellos ayuntamientos que no cumplan con su obligación de dejarse fiscalizar por el Consello de Contas. El Gobierno gallego ha decidido penalizar así a los alcaldes que intenten sortear el control de su gestión. El mandato está recogido en el decreto que regula las subvenciones a las entidades locales y que ha redactado la Consellería de Presidencia de Alfonso Rueda. El texto de la futura norma lo revisa ya el Consello Consultivo para que entre en vigor a la vuelta del verano. La Xunta cumple así con una demanda antigua del Consello de Contas que, ejercicio tras ejercicio, ve cómo más de un 10% de los alcaldes siguen negándose a que se fiscalice el uso que hacen del dinero público, así como su política de contrataciones y su contabilidad.

La norma obedece a un mandato unánime del Parlamento gallego

Rueda extiende el criterio que aplicaba su departamento a toda la Xunta

En el ejercicio de 2008, el último que está auditado, cuyo informe fue entregado la semana pasada a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, 43 ayuntamientos se negaron a presentar sus cuentas al ente fiscalizador. Un año antes, habían sido 38 los incumplidores, muchos de ellos reincidentes, lo que motivó un acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego a instancias del BNG en octubre de 2010 para que el Consello de Contas emplease "todos los mecanismos legales" hasta lograr la colaboración de estas administraciones.

El artículo octavo del decreto elaborado por la Consellería de Presidencia establece que "las corporaciones locales deben rendir las cuentas generales de cada ejercicio directamente al Consello de Contas de Galicia en plazo y con los requisitos que establece la normativa" así como "comunicar dicho cumplimiento a la Administración autonómica". La norma del Gobierno gallego creará "un registro público de control del cumplimiento de las obligaciones financieras que debe estar a disposición de los departamentos de la Xunta". En él se inscribirán las administraciones que obvien su deber de remitir la documentación al Consello de Contas. El texto de Presidencia es tajante: "Ese incumplimiento supondrá la no concesión al ente infractor de subvenciones con cargo a los presupuestos de la Xunta de Galicia financiadas con fondos propios". El veto a las ayudas del Gobierno gallego se mantendrá "hasta que no se acredite la remisión de las cuentas de los tres años inmediatamente anteriores al que preceda a la convocatoria de la subvención y no generará, en ningún caso, derecho a compensación financiera".

La Xunta entenderá cumplido el trámite de remisión de cuentas al Consello y por tanto dará luz verde a la transferencia de fondos públicos de las ayudas si "una vez sometidas al pleno de la corporación local de que se trate, no son aprobadas pero se remiten con carácter provisional, al Consello de Contas con esta condición y con un certificado adjunto que acredite su presentación en el Pleno del Ayuntamiento, sin prejuicio de la aprobación posterior por parte de la Corporación Municipal".

En la exposición de motivos del futuro decreto, el Gobierno gallego fundamenta la norma en la "lealtad institucional" y la "mejora de la transparencia" y señala la rendición de cuentas como "un elemento básico para cl control de la gestión pública, indispensable para un correcto funcionamiento del sistema democrático". El texto hace referencia a la proposición de ley aprobada por los tres partidos con representación parlamentaria en la Cámara el 23 de septiembre de 2008, también aprobada por unanimidad, y en la que el Parlamento instaba a la Xunta a "considerar la no rendición de cuentas como un criterio excluyente, en los términos en que se determine, para el acceso de entidades locales a ayudas y subvenciones".

Actualmente, el departamento que preside Alfonso Rueda ya excluía en sus órdenes de ayudas a los ayuntamientos que no habían sido auditados por el ente fiscalizador. Alguna otra consellería del Gobierno gallego aplicaba un criterio similar, si bien a partir de la entrada en vigor del decreto prevista para el regreso de las vacaciones la limitación se extiende a todas las líneas de subvenciones destinadas a las entidades locales de Galicia que se incluyan dentro de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, ya sean de la Xunta o de cualquiera de sus entes instrumentales.

43 municipios esquivan la fiscalización

Entre los 43 ayuntamientos que obvian el control del Consello de Contas correspondiente al ejercicio 2008 los hay de todos los tamaños y color político. Entre los más poblados, Ames, comandado hasta hace nada por el todavía presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, el socialista Carlos Fernández, se resistió a auditar sus cuentas. Igual que hicieron en el grupo de entre 20.000 y 50.000 habitantes los alcaldes socialistas de Vilagarcía de Arousa, Redondela, o la regidora nacionalista de Cangas. Tampoco lo hicieron los alcaldes populares de Betanzos y Verín, ni sus homólogos del BNG en Bueu, del PSOE en Noia y Viveiro, y el independiente que se hizo con el poder en Gondomar.

Villas medias como Caldas de Reis, Cedeira, Cerceda, Cospeito, Melide, Porto do Son y Rois también obviaron el examen de los auditores de Contas. Ni Ribadumia, donde es edil el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha optado por dar ejemplo y figura junto a 25 municipios de menos de 5.000 habitantes entre los incumplidores. Como Agolada, Antas de Ulla, O Bolo, Calvos de Randín, Carballedo, Castro Caldelas, Cenlle, Covelo, Dodro, A Fonsagrada, A Illa de Arousa, Lobeira, Melón, Mondoñedo, Navia de Suarna, As Nogais, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pol, Portas, Rodeiro, San Xoán de Río, Santiso, Triacastela y Vilamartín de Valdeorras.

Según la norma que entrará en vigor tras el verano, ese casi medio centenar de municipios gallegos quedarían excluidos de las diferentes órdenes de subvenciones que apruebe el Gobierno gallego. El censo de los alcaldes vetados es aún más amplio puesto que, para acceder a las ayudas, la Xunta exige que los alcaldes hayan auditado los últimos tres ejercicios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de agosto de 2011

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