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Entrevista:JORDI PALAFOX | Catedrático de Historia e Instituciones Económicas

"La intervención política de Bancaja y la CAM ha hecho que perdamos las dos cajas"

Ha sido una de las voces más críticas contra la politización de las cajas de ahorro y de los pocos que advirtieron de los riesgos que entrañaba. Esa inquietud le hizo abandonar el consejo de administración de Bancaja en 2006.

Miquel Alberola

El catedrático de Historia e Instituciones Económicas Jordi Palafox (Valencia, 1952) no pudo contener su perplejidad cuando, contraviniendo las recomendaciones de la autoridad monetaria, el expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, fue propuesto para presidir Bancaja. Desde entonces ha alertado con insistencia de los riesgos que entrañaba la politización para las cajas valencianas. Los últimos acontecimientos subrayan su evidencia.

Pregunta. La Comunidad Valenciana ha perdido en poco tiempo su músculo financiero. ¿Era inevitable?

Respuesta. Me temo que sí. La intervención política, la falta de supervisión, el fraude de ley en el nombramiento de consejeros y, en suma, la conversión de CAM y Bancaja en el brazo financiero de la política del PP no podían tener otro resultado. Y más con una burbuja inmobiliaria. Si además el PSPV ha estado de vacaciones en este tema, no extraña la desaparición de las dos entidades más importantes de la economía valenciana. Dentro de las dos docenas de responsables el exconseller Gerardo Camps ocupa sin duda el primer puesto en este penoso capítulo de nuestra historia.

"Gerardo Camps es el máximo responsable de este penoso capítulo"
"El fracaso de la CAM debería hacer reflexionar al 'lobby' alicantino"
"La actitud del PSPV ante estos despropósitos es inaceptable"

P. ¿Es el resultado de la globalización o han intervenido otros imperativos?

R. La combinación entre liquidez casi ilimitada, inducida en parte por la globalización, intervención política y mala gestión ha resultado letal para unas entidades que, además, no podían ampliar capital. Hace una década algunos defendimos, por muchos motivos, un instrumento financiero con derechos políticos para posibilitarlas y al tiempo introducir más prudencia en las decisiones, al participar inversores arriesgando su dinero, pero no fue posible.

P. ¿Qué consecuencias va a tener para la Comunidad Valenciana haber perdido este poder financiero?

R. Soy de los que opinan que serán muy negativas. En la economía real no existe la información perfecta, como a menudo suponemos los economistas, y la financiación disponible es limitada. Con centros de decisión lejanos, empresas de tamaño liliputiense como las valencianas no va a tener fácil la financiación. Además, la nueva normativa de la UE sobre riesgos penaliza los préstamos a estas microempresas. La desaparición de las obras benéfico sociales, a pesar de su escasa eficiencia, tampoco se puede infravalorar

P. ¿Bancaja pudo sacar más rendimiento a la fusión con Caja Madrid?

R. Mi impresión es que José Luis Olivas trabajó siempre para mantenerla como independiente e infravaloró la crisis, lo cual se han demostrado errores importantes. Pero las alternativas para Bancaja no eran sencillas. La invisibilidad de los valencianos ha sido un lastre y no digamos el sepulcral silencio empresarial en donde los que mandan no hablan y los que hablan no mandan. Madrid ha ganado una vez más.

P. ¿Cuándo empezaron los problemas para las cajas?

R. En el momento en que aumentaron a un ritmo espectacular la inversión en promoción de suelo y vivienda vinculadas al poder político. Si además, presidentes, ejecutivos y consejeros se negaban a tener inversores con derechos políticos y ellos no tenían un euro invertido en ellas y, por tanto, carecían de incentivos para ser prudentes, el resultado no era difícil de prever una vez cambiara el ciclo. Intenté advertir de estos riesgos tanto en prensa, recuerdo un largo artículo en EL PAÍS en 2005, como, mucho más, en privado a quienes podían evitarlos. A la vista está mi nulo éxito.

Pero no todas las cajas han acabado igual. Sería interesante sumar los activos en balance de hace diez años de Caja Madrid y Bancaja, por un lado, y de la Caixa por otro y compararlo con la valoración bursátil hoy de los bancos en que se han convertido. Así podríamos aproximar el coste de la injerencia política sobre la cual Manuel Illueca, profesor de la Jaume I, tiene una reveladora investigación.

P. ¿Qué balance se puede hacer del desembarco de políticos en las cajas valencianas de la mano de Eduardo Zaplana y Francisco Camps?

R. A la vista está: hemos perdido las dos mayores cajas. Una maldad atribuye a Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía, la decisión de que los políticos autonómicos actuaran como les viniera en gana una vez fracasado su intento de exigir cuotas participativas. Algo así como "no queréis privatización parcial, pues la tendréis completa". Pero se podría haber hecho mucho para evitarlo desde el ministerio, o la Conselleria de Economía, o desde el Banco de España, en donde en la etapa Caruana no se hizo nada.

P. ¿Se pudo evitar la intervención de la CAM? ¿Hubiera ayudado una fusión con Bancaja hace diez años?

R. Seguramente habríamos acabado con la nacionalización de la caja fusionada. Sin cambios en el marco regulatorio y sin una supervisión y control reales, un final diferente al que hemos visto parece poco factible dada la concepción patrimonial de las cajas del PP. El fracaso de Terra Mítica fue el primer exponente de qué podía pasar pero nadie sacó lección alguna.

P. ¿La intervención de la CAM responde a una mala gestión de su equipo o a un uso inmoral de la caja?

R. Valorar un uso inmoral de la CAM exigiría contar con información que no tengo. Pero algunas de las informaciones publicadas estos últimos días o declaraciones como las del sindicato SICAM provocan vergüenza ajena. Pero sobre todo, el fracaso de la CAM debería llevar al lobby alicantino a reflexionar con rigor sobre su estrategia.

P. ¿Es normal que los consejeros hayan obtenido suculentos créditos mientras la caja hacía desinversiones para poder afrontar sus obligaciones?

R. Desde luego que no. Es a estas informaciones a las que, en parte, acabo de referirme. Pero todo el proceso que ha conducido a la CAM donde está ha sido, como poco, extraño. Concentración de riesgos imprudente, pelotazos, o intentos de pelotazos, con información política privilegiada, sueldos raros de Modesto Crespo, jubilaciones de escándalo de su director general, créditos preferentes para algunos consejeros, amortización de cuotas participativas con minusvalía mínima... Todo ello a pesar de la grave situación de la entidad. Y durante todo este tiempo Gerardo Camps permaneció mudo. Como el Banco de España, cuando ambos tenían la mayor parte de esta información.

P. ¿No sorprende que los consejeros nombrados por el PSPV hayan callado ante esos despropósitos?

R. La actitud del PSPV, mi partido, aunque esté en las antípodas de Alarte y de quienes hoy lo dirigen, es inaceptable. Mi dimisión en 2006 como vocal de Bancaja fue, en parte, debida al hartazgo de que la eficiencia u otros parámetros económicos fueran irrelevantes para su secretario general. Y lo ocurrido desde entonces no ha hecho más que aumentar mi sorpresa, también mi indignación, por un silencio incomprensible en la defensa del interés general.

P. Los créditos blandos no son privativos de la CAM, ¿no?

R. La mayoría de las cajas son entidades en las que hoy todavía no se conoce qué significa transparencia. Y no sólo en este aspecto, hay muchos otros. Como por ejemplo que algunos (entre nosotros Antonio Tirado o Pedro Hernández son buenos ejemplos) hayan conseguido tener un puesto de consejero como profesión. Pero quiero pensar que los privilegios difundidos no son generalizados.

P. ¿Lo que ha ocurrido con las cajas valencianas es un fenómeno aislado o responde a la política económica que se ha hecho en la Comunidad Valenciana en los últimos años?

R. Es el resultado de confundir el mercado político con los económicos. Algo en que han incurrido políticos del PP como los valencianos, pero también Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, de los que nadie habla, y del PSOE como Bono o Barreda. No es casualidad que en todos los casos su mayoría electoral sea o fuera absoluta. Fue José Bono quien nombró al presidente de la CCLM, cuya gestión llevó a que fuera la primera intervenida. Recuerdo que en sus primeras declaraciones reivindicaba el derecho de los políticos a dirigir las entidades. Como siempre repito, ignorar que la economía tiene pocas leyes, pero quien las olvida es apuñalado por la espalda, tiene estos resultados.

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Sobre la firma

Miquel Alberola
Forma parte de la redacción de EL PAÍS desde 1995, en la que, entre otros cometidos, ha sido corresponsal en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa del Rey en los años de congestión institucional y moción de censura. Fue delegado del periódico en la Comunidad Valenciana y, antes, subdirector del semanario El Temps.

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