El Consello de Contas critica el abuso de la contratación público-privada
El órgano fiscalizador alerta de la "insostenibilidad" de los pagos aplazados - "Se trasladan las inversiones presentes a las próximas generaciones", advierte
En 2008, el uso de contratos de colaboración público-privada era incipiente en Galicia. Se utilizaba únicamente para financiar autovías a través del sistema denominado peaje en la sombra: una empresa construye, financia y explota una infraestructura y la Administración le paga un canon periódico según el número de vehículos que la utilizan. En el actual contexto de restricciones presupuestarias y control del déficit, el sistema público-privado se ha multiplicado, al extenderse incluso a infraestructuras sanitarias como el hospital de Vigo, hasta representar el 38% del capítulo de inversiones.
El conselleiro mayor, Luciano Fariñas, presentó ayer en el Parlamento el último informe del Consello de Contas, que fiscaliza las cuentas de la comunidad autónoma y de los Ayuntamientos en el ejercicio de 2008. Y aunque por entonces la colaboración público-privada sólo se utilizaba para financiar cinco autovías, Contas advierte ya de los riesgos de un método que "genera incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad futura de las finanzas, restringe el margen de maniobra de próximos gobiernos y traslada la carga de las inversiones presentes a generaciones futuras".
La rescisión de la autovía de Carballo "no produce ahorro presupuestario"
La utilización de estas fórmulas genera "endeudamiento no financiero". "La no consolidación contable no altera el fondo económico de estas operaciones", aprecia el informe, que aconseja: "Deben ser utilizadas de forma que se muevan en unos límites compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas". No considera el Consello de Contas que esta compatibilidad se esté produciendo con el actual Gobierno gallego, al advertir contra la "importancia creciente" del sistema en los presupuestos de la comunidad. En los de 2011, casi cuatro de cada 10 euros invertidos surgen de este tipo de contratos. Con su extensión a infraestructuras sanitarias, se puede disparar a 200 millones de euros anuales, pero los planes anunciados por la Xunta "podrían duplicar esta cantidad, y llegar al 50% de las inversiones".
El informe se detiene además a analizar las cinco autovías en las que se utilizó el peaje en la sombra: Salnés, Santiago-Brión, Barbanza, A-52-Celanova y Carballo-Berdoias. Sus conclusiones son que los estudios de viabilidad son insuficientes, al sustituirse por informes exclusivamente económico-financieros; falta de transparencia en la selección; falta de liderazgo de la Administración en este proceso, que se externaliza, y elevado margen de discrecionalidad, "con un riesgo potencial de predeterminar la selección".
Mención aparte merece en el informe la gestión del tramo Carballo-Berdoias de la Autovía de la Costa da Morte. El informe critica la rescisión del contrato que efectuó la Xunta del PP, sin que quedara "suficientemente acreditada" la forma en la que el nuevo escenario económico repercutió en la oferta del concesionario. Relata además cómo después se formuló propuesta de adjudicación provisional a la oferta "con peor proposición económica", contrato al que se renunció para efectuar una tercera licitación censurada por el Consello de Contas. Por un lado, denuncia que "no concurren las razones presupuestarias alegadas en el acuerdo de renuncia", a lo que añade que, en contra de lo argumentado por la Xunta, "no se produce un ahorro presupuestario a corto o medio plazo" con el cambio de sistema de licitación, al sustituirse el canon de demanda por el de disponibilidad.
Los sistemas de peajes en la sombra evidenciaron además un "riesgo de construcción" que se tradujo en "sobrecostes y modificados". Las tres autovías que ya estaban construidas en 2008 presentaron modificación de precios durante las obras. En el caso del Salnés fue del 29% del presupuesto del anteproyecto constructivo, a la que hubo que sumar actuaciones de emergencia. En el de Santiago-Brión ascendió al 9% del gasto previsto, y en el del Barbanza, del 18%, debido a un expediente de restablecimiento del equilibrio. "Con carácter general, resulta cuestionable que estas modificaciones respondan a necesidades nuevas o causas imprevistas, y que no se trate de riesgos de construcción cuya asunción correspondería a la concesionaria", señala el Consello.
El PP critica el déficit del año 2008 pese a ser el menor de todas las comunidades
2008 fue el año de la caída de Lehman Brothers y el del fin del ciclo expansivo del que venía abusando la economía mundial. La Xunta lo inició con un objetivo de equilibrio presupuestario que descartaba el déficit. Lo incumplió. Finalmente, como detalla el informe del Consello de Contas, acabó el ejercicio con un déficit del 0,17% del PIB de Galicia, "el porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas", en las que este parámetro, a efectos de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, acabó en el 1,49%. Como a las demás comunidades que acabaron con un porcentaje inferior al 0,70%, quedó eximida por el Gobierno central de presentar un plan económico financiero.
Como la presentación del informe del Consello de Contas ha coincidido en la semana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el PP no tardó ayer en arrimar la interpretación a sus intereses. Según el PP, el documento "pone en evidencia los grandes problemas derivados de la gestión económica" del bipartito, entonces en el Gobierno gallego, "ya que queda demostrado que gastaba más de lo que podía, infravalorando los compromisos de gastos y sobredimensionando los ingresos". El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Pedro Puy, asegura que así se provocó "ya en 2008 la aparición de un agujero que se visualiza en un resultado presupuestario negativo de más de 300 millones de euros y en la aparición de un déficit del 0,20% del PIB gallego".
El órgano fiscalizador no analizó únicamente las cuentas de la comunidad autónoma y de los organismos que dependen de ella, sino que estudia también el comportamiento económico-financiero de los Ayuntamientos. El número de los que no rindieron cuentas sobre el ejercicio de 2008, un total de 43, se duplicó en relación con el año anterior. El informe llama la atención sobre el reducido grado de inversiones reales hechas por los ayuntamientos, su situación de elevado endeudamiento y el retraso en el pago de las obligaciones reconocidas.
En cuanto a la aprobación de presupuestos, únicamente 41 de los 365 municipios lo hicieron en plazo, frente a los 219 que lo hicieron posteriormente, los 12 que lo prorrogaron, los dos de los que no consta o los 41 que no habían presentado documentación en el plazo del 30 de abril de 2010.
