Un embrollo de 860.000 euros

La relación de 30 años entre la Oficina de Empresas de Alicante del BBVA y uno de sus clientes se ha roto. La culpa la tiene la apertura de un crédito con garantía hipotecaria por valor de 860.000 euros cuyo origen está en disputa. Según I. B., un pequeño empresario alicantino, todo empezó en abril de 2010 cuando al solicitar un crédito ICO en otra entidad, se le negó al tener un alto riesgo por un crédito pedido al BBVA y cuya apertura afirma desconocer.

El entonces gestor de empresas del banco en Alicante, Fernando José Leante, querellado, le informó de que había un error que se solucionaría en breve. Sin embargo, y siempre según la versión del cliente, a los pocos días le llamó pidiéndole ayuda pues el banco le exigía que cubriera la deuda. Por ello I. B. aceptó suscribir un crédito con su finca como garantía hipotecaria mientras Leante le ofrecía un reconocimiento de pago comprometiéndose a cancelar la hipoteca a su cargo.

Nada de esto se produjo, según mantiene I. B., que decidió querellarse contra Leante por falsedad en documento mercantil y estafa.

Además, en la querella, admitida a trámite, se acusa de encubrimiento a dos de sus superiores, ambos directivos de la Oficina de Empresas del BBVA en Alicante.

El abogado de I. B. mantiene que la cuenta que su cliente suscribió funcionaba ya seis meses antes de que lo hiciera, habiendo movimientos e intereses devengados previos a la fecha de la firma. Aunque, en efecto, Leante pagó el crédito tras ser despedido por el BBVA, I. B. sostiene que la hipoteca aún pesa sobre él porque se niega a pagar los gastos de cancelación y teme posibles repercusiones por el "aparente" incremento de su patrimonio.

Muy distinta es la versión que el BBVA da al respecto. El banco aclara que Leante fue despedido y que la querella no es contra la entidad, sino contra personas particulares. El BBVA, que solo está incluido en la demanda como responsable civil subsidiario, afirma que el cliente suscribió el crédito y que ya ha sido cancelado por Leante no habiendo más obligaciones entre I. B. y la entidad que las que existían antes del conflicto.

Pero la disputa fundamental es la relativa a la documentación aportada como prueba. Según el querellante la entidad se niega a entregar los soportes físicos de apertura de la cuenta, es decir, el contrato y las ordenes de transferencias y movimientos mientras el banco afirma que ha facilitado toda la documentación existente. Y aquí es donde el procedimiento encalla. A fecha de hoy el juez ha dictado una providencia autorizando a la policía judicial a la entrada en la oficina con el fin de obtener la documentación que falta por aportar.

El BBVA niega todas las acusaciones de encubrimiento y mantiene en su puesto a los dos superiores de Leante. I. B., por su parte, asegura que se le está causando un severo perjuicio al mantener la hipoteca sobre su vivienda y no poder refinanciar otros créditos sobre los que se le cobran intereses moratorios del 29%. La falta de acuerdo está, incluso, en la relación que mantenían I. B. y Leante. El banco asegura que su relación era de amistad y que hay movimientos efectuados entre las cuentas de ambos, por lo que ha pedido el sobreseimiento del caso o, en su defecto, la imputación de I. B. que afirma que Leante y él eran simples conocidos. La solución llegará, si cesan las discrepancias en torno a la documentación, el día señalado para el juicio.