Dos imputados en el 'caso Brugal' se niegan a declarar
El fiscal los acusa en relación con el PGOU de Alicante
Bernardo Campos, empresario del sector inmobiliario y amigo del exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, admitió ayer ante el juez que intentó hacer negocios [compra de suelo] durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, pero que descartó la operación "porque no era viable". En el mismo sentido se expresó el abogado Jorge Yacobi, supuesto representante de un grupo de inversores armenios interesados en comprar terreno en la ciudad de Alicante. Campos y Yacobi comparecieron ayer, en calidad de imputados, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que dirige la investigación de la pieza del caso Brugal sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz durante la tramitación del plan general urbano de Alicante.
Ni el letrado ni el empresario accedieron a responder a las preguntas de las partes, incluido el fiscal anticorrupción. Ambos imputados se limitaron a hacer un alegato ante el magistrado en el que únicamente admitieron el intento de realizar operaciones de compra de terreno en la zona de la Condomina, donde el PGOU prevé la mayor concentración de suelo urbanizable. Los dos rechazaron tener información privilegiada sobre el desarrollo del planeamiento. En concreto, el abogado Yacobi señaló que en su "vida" había visto "a un armenio".
El fiscal anticorrupción acusa a ambos de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el ministerio público y de acuerdo con las escuchas telefónicas, Campos intentó comprar suelo en el área de La Condomina porque tenía información privilegiada sobre la futura recalificación del terreno. Sobre el letrado Yacobi, el fiscal mantiene que representaba los intereses de un grupo inversor armenio para comprar suelo en esa zona, en función de la información que el exalcalde Luis Díaz Alperi proporcionaba al empresario Enrique Ortiz.
En este sumario hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz, su mujer y el redactor del PGOU. Alperi y la alcaldesa, Sonia Castedo, están acusados por el fiscal.
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