El Gobierno y el Consell firman la paz en el conflicto de los chiringuitos

Se prometieron diálogo, sintonía, cooperación y compromiso para caminar juntos en la búsqueda de soluciones. Todo fueron buenas palabras ayer para enterrar definitivamente el conflicto que ha enfrentado durante más de dos años a la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia con el Gobierno central por el control sobre una docena de chiringuitos de la Malva-rosa, Pinedo y El Saler, que exceden con sus terrazas el número de metros cuadrados que tienen en concesión para sus negocios, situados en el dominio público marítimo terrestre.

Para sellar la paz, la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, estamparon sus firmas en un convenio con el que se creará una comisión mixta "que trate conjuntamente los aspectos significativos de la gestión de la costa valenciana, así como la búsqueda de soluciones para las ocupaciones existentes", según lo definió el Gobierno. De esta forma, se materializa el compromiso alcanzado el pasado febrero, cuando el ministerio acordó una prórroga de un año para los chiringuitos que exceden la superficie concesional mientras se busca una solución a las "situaciones singulares". Los establecimientos de la Malva-rosa ya desmontaron el año pasado los cerramientos de las terrazas que sobrepasaban el límite.

Aguilar augura un traspaso de competencias sin problemas

Precisamente el anuncio de que los chiringuitos de la Malva-rosa debían ajustarse a los 150 metros de local y 50 de terraza de la Ley de Costas desencadenó la tormenta del PP contra el Gobierno. Generalitat y Ayuntamiento de Valencia acusaron al ministerio de discriminación y persecución de los valencianos frente a otras autonomías y de querer mandar al paro a miles de personas.

En ese contexto, Castellano reclamó también las competencias en materia de chiringuitos y apeló a que Andalucía también las tiene. Como recordó ayer la ministra, en ese y otros casos, la transferencia de las competencias estaba prevista en los estatutos de autonomía. No es el caso del valenciano, por lo que el traspaso seguirá una tramitación más larga que comienza en el Ministerio de Política Territorial. Aguilar, no obstante, destacó ayer tras la firma del convenio que al final del camino por parte del Gobierno "no habrá ningún problema" en la cesión de esas competencias.

Con el convenio, ambas Administraciones colaborarán para "agilizar" los permisos y concesiones de los locales de playa, destacó la ministra. Por su parte, el consejero de Gobernación alabó la buena disposición del ministerio para lograr las competencias y consideró muy importante el convenio para buscar soluciones homogéneas al problema de los chiringuitos en el espacio público.