De la Torre mantiene los litigios con la Junta pese al desbloqueo del PGOU

No es extraño que los acuerdos que alcanzan el Ayuntamiento de Málaga y la Junta no resulten completos, y mucho menos cuando se trata de materia urbanística. La aprobación el pasado viernes por el pleno municipal del documento de subsanación de errores requerido por la Consejería de Obras Públicas que permitirá la entrada en vigor al fin del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras siete años de tramitación, no significa ni mucho menos que queden cerradas las discrepancias entre ambas administraciones.

El Consistorio que preside Francisco de la Torre mantendrá dos litigios judiciales con la Junta por contenidos del PGOU, uno por la prohibición autonómica de desarrollos urbanísticos al norte de la ronda de circunvalación, y otro por la calificación de las casas de Pedregalejo y El Palo que ocupan zona de dominio marítimo-terrestre.

Lo curioso del caso es que en la misma sesión de la comisión municipal de Urbanismo que el pasado miércoles aprobó el documento de correcciones para desbloquear la aprobación definitiva del PGOU, se refrendó también la orden que el alcalde firmó el 16 de junio para que los servicios jurídicos municipales recurran contra la decisión autonómica de dejar fuera de ordenación el medio millar de casas junto a las playas de Pedregalejo, El Palo y La Araña que ocupan suelo que según la Ley de Costas es de dominio público marítimo-terrestre.

El Ayuntamiento pretende que este suelo sea calificado como urbano pues considera que es la mejor salida para dar seguridad jurídica y tranquilidad a los propietarios de estas viviendas, la mayoría de ellas en su origen casas de pescadores y con decenas de años de antigüedad. Los distintos informes al PGOU de la Dirección General de Costas sostienen que esta calificación es imposible dado que se trata de suelo de dominio público por una ley de obligatorio sometimiento, motivo por el que la Administración autonómica rechazó las pretensiones del Consistorio y optó por dejar las viviendas fuera de ordenación.

El Ayuntamiento, por el contrario, mantiene que la urbanización de un terreno no constituye un hecho excluyente de la definición legal de dominio público y que las casas están construidas antes de que se aprobara la ley que determina que en ese espacio no se puede construir.

Mantener las viviendas fuera de ordenación no significa que se vean abocadas a desaparecer. En plena tramitación del PGOU, la Subdelegación del Gobierno en Málaga ya dio garantías a los propietarios de que las casas se regularizarán y no corren ningún peligro. Lo que se trata es de definir la fórmula legal que lo haga posible. Dado que hay informes técnicos que sostienen que con los espigones construidos en estas playas ya no existe ningún riesgo para las casas, Costas se ha llegado a plantear hacer un nuevo deslinde que deje las viviendas fuera del dominio.

El litigio judicial por las casas de dos de las barriadas de más tradición marinera de Málaga se suma al contencioso administrativo que el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre ya puso contra el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (Potaum) por impedir construir al norte de las rondas de circunvalación al entender que se trata de un suelo a proteger por el fuerte riesgo de erosión y su ubicación en la frontera con el parque natural de Los Montes de Málaga. El Ayuntamiento, que insiste en que solo proyectaría equipamientos singulares y desarrollos de muy baja densidad, invoca que la Junta ha invadido la autonomía municipal.