El poder alicantino ve positiva la recapitalización

El poder político y empresarial de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana coincidió ayer en calificar como positiva la entrada de capital público en Caja Mediterráneo (CAM) basándose en dos argumentos centrales: la ayudad del FROB garantizará la viabilidad de la entidad y, en paralelo, los intereses de sus 3,3 millones de clientes. Además, tanto los dirigentes políticos como los de ámbito empresarial vieron lógico este desenlace, tras un año de frustraciones en busca de un socio privado.

El consejero de Economía del Gobierno valenciano, Enrique Verdeguer, tras destacar que la medida del Banco de España es un paso más hacia "la estabilización y consolidación del Banco CAM", enfatizó "el respeto a las decisiones tomadas por los órganos de gobierno de la caja". Verdeguer resaltó el apoyo del Ejecutivo valenciano a la entidad en todas las iniciativas que ha barajado a lo largo del último año en busca de una fusión, una afirmación que contrasta con la opinión del Consejo de Administración de la CAM, que en ocasiones ha lamentado la falta de respaldo de las autoridades valencianas. El consejero añadió que el Consell ha estado informado en todo momento por parte del Consejo de Administración de la caja de las distintas fases y decisiones adoptadas el último año.

El Gobierno valenciano cree que la entidad se consolidará

"Hacer estas cosas deprisa y corriendo asusta", dice un sindicalista

Ayer, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, afirmó que la reestructuración de las cajas de ahorro se ha hecho "mal y tarde" y que la intervención de la CAM es "un exponente más de la crisis económica en la que lamentablemente se encuentra instalado nuestro país".

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana, Jorge Alarte, pidió que "este proceso sirva para asegurar los depósitos de todos los impositores y para inyectar la liquidez al sistema que necesitan y reclaman los empresarios". En clave política, calificó la situación como "el último capítulo de un proceso que podría haberse solucionado hace poco más de un año y del que ha estado totalmente ausente el Gobierno valenciano, abandonando así a su suerte a la caja alicantina". "Nos encontramos ante una consecuencia más de las nefastas políticas económicas del Gobierno de la Generalitat Valenciana", consideró.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, dijo que su primer compromiso tras la nacionalización será pedir a los nuevos gestores "territorialidad, buena gestión y respeto a los puestos de trabajo". La regidora expresó su respeto a la decisión adoptada por los órganos de Gobierno y del Banco de España.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Alicante y responsable del área de Economía, César Augusto Asencio, también del PP, señaló que la entrada del Banco de España en la CAM no "ha de encajarse con alarmismo". "Es cierto que la entidad pierde autonomía, pero se gana en seguridad ante su viabilidad. Y, lo más importante, se garantizan plenamente las aspiraciones de los impositores y clientes de la entidad", explicó el diputado. "Y además era un proceso que había que cerrar para eliminar incertidumbre", añadió.

El presidente de Coepa, la patronal de la provincia de Alicante, Rafael Martínez Berna, reconoció que la intervención "era lo más lógico tras haber agotado la caja todo su recorrido y no haber podido acceder a las ayudas del FROB 1 ni haber podido encontrar un socio con el que reducir la aportación de capital público para mantener su control". El dirigente empresarial también dejó claro que "para no mantener más tiempo la incertidumbre, hacerlo rápido ha sido lo más oportuno". El presidente de los empresarios alicantinos cree que la decisión tomada "dará tranquilidad a los clientes y a la plantilla", aunque espera que la inyección de 5.800 millones de euros suponga "la posibilidad de que fluya la financiación para que se conforme un proyecto de banco adecuado de cara al futuro".

Las organizaciones sindicales con representación en la CAM lanzaron ayer un mensaje de calma a trabajadores y clientes de la entidad. Uno de los miembros de su comisión de control, César Estrada, del sindicato mayoritario Sicam, afirmó que la intervención no supone "nada que no estuviera escrito", dado que la caja contaba "en todos sus planteamientos con esos 2.800 millones de euros (FROB)", aunque admitió que "hacer estas cosas deprisa y corriendo, asusta, aunque la CAM tiene ahora al mejor socio que podía tener".